La Policía desarticula en La Línea una red dedicada a la explotación de trabajadores extranjeros

La Policía Nacional de La Línea de la Concepción informó hoy de la desarticulación de una red dedicada a la explotación de trabajadores extranjeros, presuntamente comandada por un boliviano de 28 años, que fue detenido y puesto a disposición judicial por un presunto delito contra el derecho de los trabajadores.

En un comunicado, la Comisaría linense explicó que la operación venía desarrollándose desde hacía meses y concluyó con la detención de este boliviano, identificado como P.C.C., que supuestamente ejercía como capataz de una cuadrilla de trabajadores inmigrantes en situación irregular en España.

Según dijo, el detenido era quien supuestamente se encargaba de ponerse en contacto con las diferentes empresas o encargados de fincas donde se emplearía a la cuadrilla en labores de recolección de cítricos. Esta organización tenía su área de actuación en las zonas comprendidas entre San Martín del Tesorillo, Secadero, San Pablo de Buceite y Jimena de la Frontera.

Además, indicó que P.C.C. se encargaba del reclutamiento de personal, la búsqueda de alojamiento, así como de llevar la cuenta de las cajas de naranjas que cada trabajador recogía y que posteriormente entregaba a la empresa o encargado que les contrataba.

La operación se saldó con la detención de 21 personas más un infracción a la Ley de Extranjería, siendo 15 de Bolivia, tres de Senegal, dos de Guatemala y uno de Gambia. Todos ellos fueron puestos en libertad conforme se realizaron los trámites de extranjería correspondientes.

La Policía también intervino cinco furgonetas que eran utilizadas para el desplazamiento de los trabajadores, así como diversa documentación relacionada con la contabilidad de estas actividades.

ROZANDO LA ESCLAVITUD

La Comisaría linense explicó que los inmigrantes eran empleados en unas condiciones que "rozaban la esclavitud", puesto que se les daba empleo sin contrato y, por tanto, sin cobertura social alguna. Además, se les pagaba un salario "ínfimo" y se les debía la paga de dos meses de trabajo, lo que suponía deudas que oscilaban entre los 700 y los 1.200 euros.

Esto, unido a que tenían que pagarse el alojamiento y la comida, daba lugar a que continuaran trabajando para poder subsistir, pues apenas ganaban para cubrir los gastos diarios de alojamiento, comida y transporte hasta el lugar de trabajo.

Esta precaria situación llevó a los trabajadores a manifestar su intención de que la Policía procediera a la expulsión a sus correspondientes países de origen una vez hubieran cobrado al deuda, debido que no podían seguir en esta situación en España.

Finalmente, la Policía indicó que el primer detenido y presunto máximo responsable de los hechos fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.