DENTRO. Los agentes revisan el vehículo del funcionario en su presencia y la de su familia después de que la Policía hubiera revisado las estancias de la casa en busca de indicios. / ÓSCAR CHAMORRO
Ciudadanos

Los primeros indicios apuntan a un caos contable en la Caja municipal de La Isla

Las cuentas no se llevaban al día y no existe una fiscalización regular de los pagos y cobros La Policía agota el tiempo máximo de arresto de los funcionarios para obtener pruebas

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72 horas, ése es el plazo máximo para mantener detenida a una persona sin que sea puesta a disposición judicial y ese plazo, para los dos funcionarios arrestados del Ayuntamiento de San Fernando, se agota esta tarde a las cuatro. Aunque desde la Policía se esperaba llevar ante la jueza a Clemente R. G. y María José L. D. C. en el día de ayer, finalmente desde el juzgado que ha asumido las primeras diligencias, el nº 2 de La Isla, se optó por agotar ese plazo de 72 horas para completar la investigación previa, ya que según pudo saber este periódico, se están buscando indicios claros de la responsabilidad que han tenido los dos empleados en la desaparición de una abultada cantidad de dinero, unos 480.000 euros que debían estar en la Caja municipal.

Pese al trabajo a contrarreloj de la Policía para dotar de material suficiente las diligencias que debe entregar a la jueza y al fiscal, las primeras averiguaciones apuntan a una falta de control en la citada cuenta, a que no existía un trabajo permanente de fiscalización y que los arqueos a los movimientos de salida y entrada de dinero apenas se hacían. Esta escasa vigilancia pudo ser determinante para que en sólo tres meses desapareciera más del 95% del saldo real que debía haber disponible en la citada Caja, donde se ingresaban, entre otros conceptos, los avales de las empresas que optan a las obras que se incluyen en el plan estatal de reactivación del empleo.

La Cámara de Cuentas de Andalucía fue el organismo fiscalizador que detectó las anomalías durante la auditoría a las cuentas de los municipios andaluces que han aportado la información requerida, como el caso de San Fernando. Sin embargo, ese informe es concerniente al año 2006. Es decir, que aún no ha evaluado la contabilidad de los siguientes ejercicios, donde podrían aparecer más desfases contables. Esa posibilidad fue advertida por el interventor en su informe y no fue descartada tampoco por el alcalde Manuel María de Bernardo (PA).

El mismo Clemente R. G. cuando le preguntaron antes de su detención qué había ocurrido con el dinero, reconoció que no se llevaba una contabilidad al día y que se dejaban apuntes, como el pago de facturas, sin incluir en el estadillo final.

Las averiguaciones policiales aún no han podido determinar qué grado de responsabilidad tienen los dos detenidos en el agujero económico hallado, teniendo en cuenta que ellos sostienen que no son los únicos que tienen acceso a ese dinero. Fuentes del Consistorio explicaron que al menos todos los responsables del estado financiero de las arcas municipales tienen esa potestad; lo que no significa que estén implicados. Sin embargo, es ese libre acceso que tienen los dos cajeros arrestados, la única circunstancia que había en su contra el día que fueron apresados en el Ayuntamiento.

Al abrirse el abanico de posibles sospechosos, los agentes necesitan otras pruebas que refrenden que Clemente R. G. y María José L. C. D. pudieron apropiarse de casi medio millón de euros, lo cual supondría que al día se esfumaban unos 5.300 euros de la Caja municipal haciendo una media somera.

Dos actitudes diferentes

Esa necesidad de hallar indicios motivó que en el día de ayer se registrara la casa que tiene Clemente R. G., casado y con un hijo, en la zona de Camposoto. Su compañera había ya facilitado a la Policía la entrada a su casa el día antes. Las mismas fuentes consultadas explicaron que ambos están afrontando la detención de forma muy diferente. Ella está destrozada, mientras que él permanece más sereno. Pese a esa entereza, se ha acogido a su derecho a no declarar y ha sido María José L. D. C. quien desde el primer momento ha defendido su inocencia y quien alertó a la Policía que no eran los únicos que pudieron tener la posibilidad de hacerse con ese dinero.

Hoy por la mañana sí que será la jornada definitiva para que estos funcionarios presten declaración ante la jueza. Las dificultades que ha tenido la Policía, que no ha podido indagar en secreto, puede ser determinante. En el día de ayer no se descartaba que los detenidos incluso fueran puestos en libertad.

stubio@lavozdigital.es