La casa del pueblo cumple 30 años

Fue el 3 de abril de 1979. Apenas había transcurrido un mes desde que en las elecciones generales se refrendara la continuidad de Adolfo Suárez al frente del Gobierno español venciendo holgadamente al PSOE de Felipe González. Aquel día el pueblo español volvía a acudir a las urnas pero esta vez lo hacía para elegir a los alcaldes y concejales de nuestros municipios. La unión de la izquierda (principalmente PSOE y PCE) se hizo con el control de las principales ciudades del país en lo que supuso un vuelco descomunal en el panorama político local. Tal y como se nos recuerda en un documento emitido para esta efemérides por la Federación Española de Municipios y Provincias, aquellas nuevas instituciones fueron el escenario del desarrollo y la consolidación de la Democracia, de la participación política, de la consolidación de los derechos de la ciudadanía pero también de la implantación y de la extensión de servicios, ahora universales, que han contribuido a aumentar el bienestar y la calidad de vida de las personas.

Podremos estar de acuerdo o discrepar de cómo funciona nuestra ciudad, de los muchos impuestos que nos gravan, de la gestión política de tal o cual alcalde o alcaldesa pero el mero hecho de poder participar en la gestión de nuestras ciudades debe tener su reconocimiento. Para los ciudadanos, el hecho de que se cumplan 30 años de la elección de los Ayuntamientos democráticos debería ser un acontecimiento de honda significación. No sería justo que no se recordara, por otro lado, como hace la FEMP, en este momento a aquellos responsables locales que han sufrido y sufren la amenaza terrorista de ETA así como los asesinados por defender las libertades y la democracia.

Pero no todo son luces en esta conmemoración. Siguen sin solventarse dos temas que los Ayuntamientos, sean del color que sean, reivindican con toda la razón: la definición de sus competencias y la financiación económica de las mismas. Siendo el Ayuntamiento la administración más cercana, a la que todo el mundo acude, no deja de ser cierto que es la peor tratada por el Estado en su conjunto con permanentes promesas del Gobierno central de turno pero que nunca se concretan en la consecución de un verdadero Pacto Local, que de manera clara debería suponer la cesión competencial y económica desde otras administraciones, fundamentalmente las autonómicas, en lo que sería un paso más para la verdadera igualdad de todos los ciudadanos. La corrupción política ha protagonizado episodios lamentables, precisamente desde estas pequeñas administraciones poco controladas o con herramientas tan golosas como la planeación urbanística que han servido, en algunos casos, como fuente de enriquecimiento ilícito de gestores locales sin escrúpulos. Por otro lado, los particularismos partidistas de los dos grandes, PSOE y PP, están llevado la vida política española, y por ende la vida política local, a unos niveles de sectarismo desconocidos desde la superación de la dictadura, compitiendo por poner las instituciones al servicio de sus intereses. Propuestas como la elección directa de los alcaldes para prevenir pactos postelectorales que desvirtúen o tergiversen la voluntad ciudadana, la limitación de mandatos de los mismos o el establecimiento de sistemas más rigurosos de incompatibilidades entre cargos públicos y negocios o intereses privados deberían ser tenidas en cuenta para que, dentro de 10 años, cuando nuestros Ayuntamientos, que deben ser la Casa de Todos, pasen la Inspección Técnica, no deban ser apuntalados o derribados.