Reformas de crisis

El nuevo paquete de medidas aprobado ayer por el Consejo de Ministros para tratar de contrarrestar los efectos de la crisis se divide entre aquellas exigidas por el imparable avance de las dificultades y aquellas otras que se van a aplicar como un instrumento frente a la recesión, cuando su objetivo original era bien distinto. Entre las primeras se encuentran las iniciativas para estimular la alicaída actividad de las empresas, favoreciendo el acceso de las mismas a los seguros de crédito y caución a fin de contener los riesgos derivados de los impagos que se han incrementado con la crisis; y también modificando la Ley Concursal para evitar la quiebra de aquellas compañías que, pese a arrastrar problemas de financiación y de solvencia en esta coyuntura, ofrezcan garantías suficientes de viabilidad. La pertinencia del real decreto refrendado por el Gobierno se justifica por la gravedad del ciclo recesivo, aunque ello no exime, en estas y en otras medidas que se hayan impulsado o vayan a impulsarse, de evaluar si se han promovido con el sentido de la oportunidad y la celeridad necesarias para anticiparse a las dificultades.

En el segundo bloque de iniciativas se sitúa el proyecto de ley para trasponer de la directiva europea de servicios, aprobada en 2006 y cuya traslación al ordenamiento español obligará a modificar 46 leyes estatales y un total de 7.000 disposiciones normativas del conjunto de las administraciones antes del próximo 28 de diciembre. Tiene razón el Gobierno al subrayar la relevancia estructural que tiene un cambio de este calado, que eliminará trabas para las empresas y agilizará los trámites y la actividad en el sector servicios, lo que debería redundar en una mejor y más asequible prestación de los mismos. Pero es precisamente ese énfasis en el valor de la reforma, con la que el Ejecutivo confía en crear 200.000 empleos y aumentar el PIB en un 1,2%, el que subraya la dilación con que se ha encarado, teniendo en cuenta no sólo el sobreesfuerzo burocrático que requerirá la adaptación legal a la directiva. También, y sobre todo, que su capacidad para revitalizar el sector y contribuir al tránsito hacia un modelo de crecimiento basado en la productividad y la eficiencia habría sido más eficaz si la medida se hubiera acelerado mientras persistía la bonanza económica, en vez de hacerlo cuando la crisis ofrece ya su peor rostro y resulta obligado reaccionar ante ella.