El fiscal del Yak-42 rectifica y pide la declaración de un colaborador de Trillo

El fiscal Fernando Burgos rectificó ayer y pidió al tribunal que juzga las erróneas identificaciones de los cadáveres de los fallecidos en el accidente del Yak-42 que llame a declarar a quien era el número tres del Ministerio de Defensa cuando se produjo el siniestro, el entonces secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte.

El acusador quiere que aclare las contradicciones que se han producido en las últimas sesiones respecto a en qué momento supo la jerarquía del departamento que dirigía Federico Trillo que algunos cuerpos habían sido filiados de manera errónea.

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional basó su petición en el «cargo y autoridad» que tenía Jiménez-Ugarte cuando ocurrió el accidente y recordó que asumió por orden del ex ministro Trillo las labores de «coordinar y contactar» con las familias para solventar cualquier contratiempo una vez celebrado el funeral de Estado y los entierros de los militares.

Por ello pidió al tribunal presidido por Javier Gómez Bermúdez que valore las declaraciones de los familiares que testificaron el jueves, por cuanto se refirieron a Jiménez-Ugarte «en numerosas ocasiones» y siempre con mal recuerdo por el trato que de él recibieron. El objetivo es «tratar de superar las contradicciones y alcanzar una visión de los hechos razonable y admisible», resumió el fiscal.

Testimonios de familiares oídos el jueves, como el de Carlos Ripollés, primer presidente de la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Yak-42, no cayeron en saco roto para el Ministerio Público. El testigo calificó de «humillantes» las reuniones con Jiménez-Ugarte y destacó su «trato amenazante» cuando empezaron a dudar de las identificaciones de sus seres queridos. «Se volvió loco con amenazas y nos gritaba como un energúmeno», reveló.

El tribunal decidirá a partir del próximo martes, cuando concluya la fase testifical. Las acusaciones particulares ya habían solicitado su comparecencia en el juicio con el criterio en contra del fiscal. La sala denegó la citación por «irrelevante», ya que las solicitantes no le atribuyeron responsabilidad alguna en el hecho que se juzga, un delito de falsedad documental cometido en las actas de defunción y las necropsias de 30 militares, argumento utilizado también para negar el interrogatorio del propio Trillo y su sucesor, José Bono, y del ex presidente del Gobierno José María Aznar.

Ahora, al tratarse de una petición del fiscal, la situación cambia, y el tribunal puede inclinarse por admitir la solicitud. Sin querer echar las campanas al vuelo, las acusaciones calificaron lo sucedido como «muy importante», justo cuando se cumple el ecuador del juicio.

«Entrega y rigor»

Diplomático de carrera, ex embajador en Grecia y hoy cónsul en la ciudad magrebí de Nador, Jiménez-Ugarte ya tuvo que declarar en la Audiencia Nacional durante la instrucción del sumario, que recayó en el juez Fernando Grande-Marlaska. Fue el 14 de febrero de 2008. Entonces admitió que el Gobierno pudo «hacer mejor» algunas cosas tras el accidente, pero eximió al Ministerio de Defensa de cualquier responsabilidad en cuanto a la contratación del avión o en las erróneas filiaciones de los cadáveres, que atribuyó al equipo del general Vicente Navarro, principal acusado.

La decisión de la Fiscalía de pedir ahora su comparecencia se produce un día después de que el tribunal admitiese a un nuevo testigo en el proceso. Se trata de Luis Alejandre, ex jefe del Ejército cuando se estrelló el Yak-42. Según el testimonio del antiguo jefe del Estado Mayor de la Defensa, Félix Sanz Roldán, el general le comentó que sabía que se iban a repatriar cadáveres sin identificar y propuso demorar sus entierros en una reunión del Consejo de Dirección del Ministerio, celebrada un día después del siniestro, que estuvo presidida por Trillo y en la que también estaba Jiménez-Ugarte.

La comprometida posición en la que se encontraría Trillo si sale adelante la solicitud de la Fiscalía sigue siendo un tema tabú para el PP. Durante la primera semana de juicio, las declaraciones de dirigentes opositores han sido escasas y siempre con el horizonte puesto en la sentencia. Así lo expresó ayer el secretario general del grupo parlamentario del PP en el Congreso, José Luis Ayllón, que recalcó que «hasta el momento» no hay ningún miembro del Gobierno de Aznar imputado.

Ayer comparecieron dos teniente coroneles que se encargaron junto a dos de los acusados, el capitán Miguel Sáez y el comandante José Ramírez, de las necropsias de los fallecidos una vez que llegaron a la base de Torrejón. Uno de ellos, el teniente coronel Coca, reconoció que, pese a realizarse en España, estos certificados fueron fechados en Turquía.