Editorial

Postura a clarificar

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a decisión del Gobierno de Rodríguez Zapatero de retirar las tropas de Kosovo ha desembocado en el primer encontronazo con la Administración Obama, que explicitó ayer sus objeciones añadiéndolas al malestar expresado ya por el secretario general de la OTAN. Es probable que la medida no hubiera podido sortear las críticas en tanto en cuanto significa la salida de una región aún bajo tutela de la comunidad internacional, pero el Ejecutivo podría haberla encauzado de manera más considerada hacia los protocolos de la Alianza y hacia el propio compromiso que ha asumido durante años nuestro país en la pacificación definitiva de los Balcanes. La diatriba sobre el momento en que los miembros de la misión desplegada en la ex provincia serbia tuvieron conocimiento de las intenciones del Gobierno español no resta excepcionalidad al modo en que éste escenificó su iniciativa, confirmada con el primer y último viaje de la ministra Chacón a los soldados encuadrados hasta ahora en la KFOR. Una excepcionalidad que, en sí misma, contraviene el intento de presentar la retirada como un movimiento lógico y predecible, al ser congruente con la negativa de España a reconocer la independencia unilateral de Kosovo, y que da razones innecesarias tanto a la OTAN como a Estados Unidos para censurar la actuación de quien es su aliado en la zona. Aunque esas censuras, especialmente en el caso de la Casa Blanca, no deberían cuestionar bajo ningún concepto el derecho del Gobierno español a hacer uso de su soberanía, ni tampoco su vinculación con la misión a pesar de discrepar de la secesión kosovar que si se consumó fue por la anuencia precisamente de EE UU. No obstante, es ese mismo compromiso el que también cuestiona los motivos esgrimidos para el regreso de las tropas, porque aunque -como subrayó ayer Javier Solana- la tendencia sea a limitar la presencia militar, Kosovo dista aún de ser un Estado de viabilidad garantizada. Con su decisión, el Gobierno de Rodríguez Zapatero da a entender que no piensa revisar su posición sobre el estatus del país, que sólo ha sido reconocido por una cuarta parte de los miembros de la ONU pero sí por toda UE menos cinco de sus integrantes. La rotundidad que supone abandonar la misión de la OTAN no hace paradójicamente más que subrayar la dilación de la política exterior española en encarar la nueva realidad que se está construyendo en los Balcanes, y de la que también forma parte el acercamiento de Serbia a la UE.