Informe polémico

as conclusiones del Comité de Expertos sobre la reforma de la actual legislación en materia de interrupción voluntaria del embarazo que el Ministerio de Igualdad elevará hoy al Gobierno, lejos de suscitar un clima de consenso han reavivado la controversia sobre la idoneidad de una ley de plazos que permitiría el aborto libre hasta las catorce semanas del embarazo. La recomendación de suprimir el requisito que obliga a contar con el consentimiento de los padres para practicar un aborto a una menor de dieciséis años también ha originado una fuerte reacción opositora mientras cabe esperar una firme resistencia al intento de restringir el derecho a la objeción de conciencia, también aconsejado en el informe. La obligación de encauzar el debate sin sesgos ideológicos ni condicionamientos políticos previos como requiere una cuestión tan trascendental y con implicaciones jurídicas, sociales y morales como la interrupción voluntaria del embarazo, se ha saldado con resultados insuficientes tanto en la subcomisión parlamentaria como con el grupo de expertos. Su coincidencia en los elementos nucleares de la reforma: despenalización, plazo en torno a las catorce semanas para el aborto libre, limitación a la objeción de conciencia, supresión de la autorización a menores de dieciséis años, indica un alineamiento de ambas instancias en los presupuestos más radicales de la reforma que dejan fuera del necesario consenso una parte muy importante de la sociedad. Y abren un serio interrogante sobre la idoneidad de las líneas marcadas para el futuro ante un volumen de interrupciones de embarazo que según datos oficiales de 2007 acreditan la práctica de 112.138 abortos legales con un preocupante crecimiento en número y un descenso en la media de edad. El Ejecutivo puede considerar un objetivo meritorio convertir a nuestro país en el primero de Europa en despenalizar el aborto e instaurar ese derecho desde los 16 años. Pero la constatación de que el número de abortos se ha duplicado en una década debería obligar a una profunda reflexión sobre la necesidad, por el contrario, de centrar los esfuerzos en la educación, la mejora de los centros de planificación y la búsqueda de posiciones equilibradas a fin de garantizar la interrupción voluntaria del embarazo pero en un marco legal restrictivo y no permisivo.