El Ayuntamiento indemnizará a los parcelistas de los huertos de ocio

Aunque con retraso y después de que los afectados volviesen a amenazar con adoptar nuevas medidas, el Ayuntamiento parece dispuesto a acatar la sentencia del caso de los desalojos de las parcelas de los huertos de ocio. Al menos así lo ha dado a entender al elevar al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Jerez un escrito en relación a la reciente sentencia del TSJA que declaraba contrarios a Derecho los acuerdos adoptados por la Gerencia Municipal de Urbanismo el 7 de agosto de 2003 en relación a las mencionadas expropiaciones.

Eso sí, explica en dicho escrito remitido por los servicios jurídicos municipales que resulta «material y legalmente imposible» restituir, tal como dicta la sentencia, a cada recurrente la posesión de su parcela, ya que sobre ellas «hay construida una urbanización residencial consolidada, al haberse desarrollado urbanísticamente el Sector 30 San José Obrero».

El Consistorio señala que, por lo tanto, dada su «firme voluntad» de acatar y cumplir la mencionada sentencia, ha pedido al Juzgado que «proceda a la apertura de incidente en el que se fije, previa audiencia a las partes, la indemnización a pagar por la Administración ante la imposibilidad de ejecutar la sentencia en los términos señalados». Es decir, que afirma estar dispuesto a indemnizar económicamente y pide para ello que se fije la cantidad a pagar a los afectados.

Se ampara, así, en lo previsto en el artículo 105.2 de la Ley 29/1998 de 13 de julio de Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El mismo establece, textualmente, lo siguiente: «Si concurriesen causas de imposibilidad material o legal de ejecutar una sentencia, el órgano obligado a su cumplimiento lo manifestará a la autoridad judicial a través del representante procesal de la Administración, dentro del plazo previsto en el apartado segundo del artículo anterior, a fin de que, con audiencia de las partes y de quien considere interesados, el juez o tribunal aprecie la concurrencia o no de dichas causas y en su caso la indemnización que proceda por la parte que no pueda ser objeto de cumplimiento pleno».

Resta conocer ahora el pronunciamiento del juzgado jerezano, aunque fuentes jurídicas consultadas señalan que lo más probable es que en breve cite a las partes para que, una vez que cada una exponga su posicionamiento al respecto, se determine la cantidad que el Consistorio jerezano deberá pagar a los 35 parcelistas afectados por la expropiaciones que se ha declarado nula.

El caso

El 7 de agosto de 2003 se dictó un acuerdo para proceder a la expropiación de unos terrenos de los que los afectados disponían por cesión, prescindiendo de la tramitación del correspondiente expediente de resolución de estos contratos, como consta en el dictamen judicial. La intención de esta operación no era otra que la transmisión en el mes de octubre del mismo año de dicha finca a la empresa Xera Promociones mediante una permuta, con el fin de destinar este suelo a la construcción de viviendas.

El 18 de noviembre de 2003 el Consejo de Gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) dictó un nuevo acuerdo desestimando el escrito de alegaciones de los perjudicados y aprobando definitivamente el expediente anterior. De esta forma, según el auto, se resolvieron anticipadamente los contratos administrativos y de cesión del uso de las parcelas y se requirió el desalojo en 20 días, aún cuando la Gerencia «no era propietaria del suelo y por tanto no tenía potestad para dictar el acuerdo». De hecho, una sentencia del 14 de julio de 2008 del Juzgado Contencioso-Administrativo de Jerez decretó la nulidad del desalojo, algo que luego fue ratificado por el TSJA en enero del presente año.

La sentencia del pasado 13 de enero del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo ratifica de forma clara: la expropiación de los huertos de ocio no se ajustó a Derecho, por lo que el Ayuntamiento de Jerez tiene que indemnizar a los arrendatarios por daños y perjuicios, además de asumir parte de los costes del proceso correspondiente.

Sin embargo, casi un mes y medio después, el Consistorio no había mostrado intención alguna de cumplir esta sentencia, a pesar de que la alcaldesa, Pilar Sánchez, y el delegado de Presidencia, Casto Sánchez, mostraran abiertamente su intención de hacerlo de forma inminente cuando se hizo público el fallo judicial. Por tal motivo, los parcelistas habían anunciado días atrás su intención de encerrarse esta misma semana en las dependencias de la Delegación de Urbanismo, con la finalidad de exigir la ejecución inmediata de la sentencia.

De hecho, su idea inicial era hacerlo por sorpresa el jueves, pero ahora, una vez que el Ayuntamiento ha remitido el mencionado escrito al Juzgado, están dispuestos a dar marcha atrás, previa consulta, hoy, al abogado que les representa en esta causa, Francisco Pérez Vera.

En cualquier caso, Pérez Vera matizaba ayer a este medio que el paso dado por el Consistorio es «una buena noticia, pero surgida de muchas malas noticias anteriores, así que es lo menos que podía hacer en esta situación». No esconde que, por las experiencias pasadas, desconoce qué puede pretender realmente el Ayuntamiento: «A estas alturas, nada nos sorprendería».

El abogado de los parcelistas insiste que, a pesar de todo, siguen adelante con su intención de conseguir la nulidad de la permuta, ya que quieren demostrar que este trámite también se llevó a cabo prescindiendo de la legalidad, lo que produjo unos daños de consideración a los parcelistas. «Demostraremos que la transmisión estaba radicalmente viciada y seguiremos tirando del hilo, porque esto dará aún mucho más de sí», apunta Pérez Vera.

wjamison@lavozdigital.es