Desmentido agresivo
Las informaciones sobre supuestas irregularidades o corruptelas que pudieran haberse cometido en los aledaños de instituciones gobernadas por un determinado partido perjudican a éste y benefician a sus adversarios. Así ocurre con las noticias publicadas sobre una presunta trama de espionaje en la comunidad de Madrid, o con el relato sobre concesiones públicas a determinados empresarios detenidos por orden del juez Garzón. Los dirigentes del Partido Popular tienen razones para mostrar su inquietud ante el perjuicio que ello podría acarrear para las aspiraciones de dicha formación. Incluso es comprensible que muestren su extrañeza porque tales denuncias e imputaciones coincidan en vísperas de un período electoral que comienza con las autonómicas gallegas y vascas del 1 de marzo y desembocará en las europeas del próximo mes de junio.
Actualizado: GuardarPero las acusaciones lanzadas por Dolores de Cospedal, González Pons y otros líderes populares contra el proceder de la Fiscalía Anti-corrupción y, por ende, contra la actuación de un juzgado de la Audiencia Nacional, dando por sentado o expresando la sospecha de que obedecerían a indicaciones del PSOE o del Gobierno no sirven, por su propia gravedad, para restituir la inocencia dañada por las noticias y especulaciones que implican a responsables autonómicos y locales del PP en gestiones turbias. Todo lo contrario, la supuesta existencia de "cuatro chorizos", como ayer los calificó el propio González Pons, se convierte así en motivo para tensionar sobremanera la vida política y cuestionar la integridad de quienes encarnan responsabilidades institucionales que han de ser desempeñadas desde el rigor y la independencia, contando en todo momento con el respeto y la consideración de las fuerzas democráticas.
