ETA envía una remesa de cartas a familiares de empresarios

Las fuerzas de seguridad han detectado una remesa de cartas de extorsión de ETA remitidas en los últimos meses a esposas e hijos de empresarios con el fin de extremar la presión para que paguen el denominado 'impuesto revolucionario'. En las misivas a las que han accedido los expertos policiales se piden cantidades que rondan los 200.000 euros y se recuerdan los anteriores envíos de cartas.

Según las fuentes consultadas por este periódico, las misivas se corresponden a los plazos habituales que emplea la banda una vez que pone en marcha su maquinaria de extorsión. Tras las primeras misivas enviadas a los chantajeados, envía nuevas cartas cada vez más amenazantes en el caso de que sus exigencias hayan sido desoídas. Para incrementar el grado de amenaza, en siguientes remesas se dirige a los familiares con el fin de aumentar la intimidación. Las mismas fuentes han señalado que las cartas que han sido examinadas por el momento no introducen ninguna novedad con respecto a anteriores escritos amenazantes.

En los textos aparece el código numérico con el que la banda identifica a los destinatarios de sus misivas, así como el anagrama de la banda y los sellos que autentifican el envío. Como en todas sus cartas, recuerda a los extorsionados que deben ponerse en contacto con los «círculos habituales» de la izquierda abertzale para hacer efectivo el pago de la extorsión.

Para expertos de la lucha antiterrorista consultadas por este periódico, esta remesa podría tener como objetivo aprovechar la inquietud que en el empresariado vasco ha causado la muerte de Ignacio Uria, asesinado el 3 de diciembre del año pasado por un comando de ETA en Azpeitia. En este sentido, en el comunicado en el que la banda reivindicó el crimen se refirió a la condición de Uria como empresario que trabajaba en las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV), pero también mencionó que se había negado a pagar el denominado 'impuesto revolucionario'.

Las últimas cartas de extorsión de la banda fueron denunciadas por la patronal navarra en septiembre de 2008. En esa ocasión, el presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), José Manuel Ayesa, denunció que el número de cartas remitidas a los empresarios se había incrementando de manera notable con respecto a anteriores envíos. Tanto los empresarios de la comunidad foral como las patronales vascas han denunciado que el chantaje etarra ha aumentado en los últimos años.