Opinion

Equilibrio obligado

Los resultados de la Encuesta sobre el acceso de las pymes a financiación ajena dieron ayer la réplica a las manifestaciones realizadas el pasado lunes por el presidente de la Asociación Española de la Banca, Miguel Martín, quien subrayó que la actividad crediticia de las entidades financieras se ha incrementado por encima del PIB nominal. El hecho de que un 80% de las empresas consultadas diga que se ha encontrado con problemas de acceso a la financiación en los últimos tres meses, y que la mitad de ellas haga mención a la reducción tanto de las cantidades ofrecidas como del período para su devolución, indica la existencia de un problema que los bancos y cajas de ahorros no pueden obviar. Sería una temeridad que las entidades de crédito acabasen arriesgando su propia estabilidad a cambio de hacer fluir el dinero en los circuitos de la economía real, puesto que aun propiciándose así la reactivación de la actividad empresarial en lo inmediato podrían inducirse a muy corto plazo consecuencias peores que las que la economía y la sociedad española están soportando ya.

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Pero son ya muchos los testimonios que apuntan a la existencia de una actitud restrictiva indiscriminada y poco proclive a evaluar los riesgos que representa cada proyecto empresarial o personal en demanda de crédito. De ser cierto lo denunciado por el presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Javier Gómez Navarro, al señalar que «hay instrucciones generales de reducir los préstamos a las empresas, les vaya bien o les vaya mal», nos encontraríamos ante una situación inexplicable desde el punto de vista de la tan ensalzada responsabilidad de la Banca española.

Si en el pasado las entidades financieras propiciaron la circulación sin límites de un dinero que acabó provocando los actuales quebraderos de cabeza, no sería racional que se inclinaran ahora por todo lo contrario. Porque la solvencia de las entidades financieras no puede preservarse a costa de la insolvencia del tejido empresarial. Mucho menos cuando el Gobierno, con el respaldo del Parlamento, se ha mostrado tan proclive a favorecer la liquidez bancaria avalando a bancos y cajas y adquiriendo participaciones con el dinero de los contribuyentes. Aunque es también imprescindible que las empresas eviten justificar su propio retraimiento culpando a la restricción bancaria.