El Gobierno pide al fiscal que indague la situación de los centros de menores

El Gobierno instará a la Fiscalía General del Estado a actuar contra el maltrato, las vejaciones y la vulneración de derechos que son moneda corriente en muchos centros de internamiento de menores problemáticos. El panorama descrito en un informe del Defensor del Pueblo es tan demoledor que «el Ministerio no puede quedarse al margen» aunque las competencias exclusivas estén en manos de las comunidades autónomas, dijo la titular de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera.

«Estos hechos tienen que ser investigados y eso le corresponde a la Fiscalía General del Estado, y voy a pedirle que lo haga», recalcó Cabrera. Su departamento se pondrá en contacto con las comunidades autónomas y ofrecerá su colaboración para saber qué está ocurriendo y coordinar eventuales medidas. «Confiamos en que las comunidades autónomas atiendan y respondan a este informe del Defensor del Pueblo», afirmó. El Observatorio de la Infancia analizará también estos hechos.

El informe del Defensor del Pueblo hace un recorrido por la mitad de los 58 centros de menores repartidos por España. A lo largo de casi 500 páginas describe celdas de castigo «siniestras» sin ventanas, sedaciones abusivas en momentos de crisis, uso «desproporcionado» de la fuerza física para reducir a algunos menores, aislamientos de hasta tres días, cacheos y registros arbitrarios y otras prácticas nada pedagógicas. Relata además quejas de padres, educadores y de los propios menores, un suicidio, varias tentativas, fugas y autolesiones.

El informe dice que cada centro se guía por sus propias normas sin apenas control, no hay protocolos ni leyes comunes y faltan medios y plazas. Acaban mezclados jóvenes con patologías psíquicas, trastornos de conducta, problemas familiares, algún delincuente juvenil y menores inmigrantes solos o necesitados de tratamientos específicos.

Entre los centros peor valorados en el estudio aparecen tres gestionados por la Fundación O'Belén en Madrid, Castellón y Guadalajara, uno en Cantabria, dirigido por Cruz de los Ángeles, el de Chavea (Pontevedra), tutelado por LAR, y L'Omet de Elche.

Expedientes

La Consejería de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana anunció ayer la apertura de un expediente a los dos centros de Castellón y Alicante señalados por maltrato, abuso de autoridad y malas condiciones de las instalaciones. El consejero Juan Cotino pidió al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, el informe de denuncia y comparecerá a petición propia ante el parlamento autonómico.

Hace dos años, un menor se rebeló en el centro de Baix Maestrat de Vinaroz y un vigilante le fracturó un brazo al tratar de reducirle. La investigación abierta en aquella época concluyó que al chico le dio un ataque de esquizofrenia y se le hizo «la contención normal en estas situaciones».

Los trabajadores del centro y del L'Omet de Elche niegan malos tratos a los chavales, pero sí admiten deficiencias en las instalaciones y una carencia notable de medios para poder llevar a cabo su labor.

En el de Vinaroz, las ventanas se han cerrado con vallas metálicas para evitar contactos con el exterior, lo que dificulta la ventilación. En L'Omet se contravienen las medidas de seguridad y las condiciones de conservación y equipamiento son «deficientes», según el informe del Defensor. La Consejería de Política Social de Castilla-La Mancha ha ordenado investigar la situación de los establecimientos ubicados en su territorio. En Madrid, una organización contraria a los centros de internamiento para menores ha convocado una manifestación el día 28 en la localidad de Paracuellos del Jarama después de que un menor se suicidara y otro lo intentara en el centro de Picón del Jarama, denunciado por el Defensor.