LA RAYUELA

Ciudadanos y Ciudadanía

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Por fin hay sentencia del Tribunal Supremo sobre la asignatura Educación para la Ciudadanía. Y es clara en su juicio: no cabe objeción de conciencia sobre ella y por tanto deben cesar de inmediato las maniobras que algunas Comunidades Autónomas han orquestado para impedir que se imparta con normalidad, alentando a los padres a boicotearla. La exigua minoría de padres y madres que ha seguido esta batalla política, residuo de la crispación de la pasada legislatura, están en su derecho de recurrirla al Constitucional o al Europeo, pero nada va a cambiar porque difícilmente encontrarán amparo en ellos. Hay que volver a clase e intentar no seguir dañando al sistema educativo, a sus colegios y a sus hijos. Esta polémica perdió su carácter de confrontación moral o ética desde el momento en que el Gobierno pactó con la FERE la libertad de los contenidos de los libros de texto de la asignatura. La libertad de cátedra y el control de los consejos escolares sobre el ideario del centro y la elección de los libros de texto, son garantías de que la asignatura no se convertirá nunca en un adoctrinamiento en ningún sentido, algo que sólo los más exaltados temen o desean.

Estos preocupados padres y los jueces que les han amparado, incapaces de distinguir entre la moral pública y la privada, deberían leer estos libros para tranquilizarse, y de paso, echar un vistazo a los de Ética, que a lo peor, también les parece adoctrinamiento. Dado que se consideran los únicos titulares con derecho a infundir valores a sus hijos, quizá quieran empezar otra cruzada jurídica en nombre de la libertad de conciencia. Seguro que encontrarían jueces que les amparasen, aunque esa asignatura fuera introducida bajo el Gobierno del PP.

Se me ocurren varias reflexiones al hilo de la sentencia. Primero, el alivio de poder dejar de hablar de pamplinas mientras el sistema educativo hace aguas por diversos frentes, con problemas estructurales que necesitan del consenso social, político y profesional. Uno de ellos, precisamente, la falta de disciplina y motivación hacia el esfuerzo de muchos jóvenes. Segundo, es lamentable la confusión que se ha generado acerca de la asignatura, con el resultado del desprestigio y desvalorización de unos contenidos que son los que sustentan las actitudes cívicas, de cuya necesidad nadie en su sano juicio puede dudar. Tercero, la necesidad de corregir el rumbo de la justicia en la España de la Autonomías, arbitrando mecanismos de control que diriman con premura sobre los desaguisados que producen los tribunales regionales legislando reiteradamente lo contrario en un mismo Estado de Derecho. Cuarto, habría que perseguir judicialmente al Gobierno Valenciano por el derroche fallero de dar Ciudadanía en inglés a unos chavales a los que no ha sido capaz de enseñar los rudimentos de este idioma.

Quinto, puestos a preocuparnos por el adoctrinamiento de los jóvenes, quizás debiéramos hacerlo con razón sobre otras asignaturas como Historia o Sociedad, cuyos contenidos e interpretación (de la historia y cultura común) por algunas autonomías, no escandaliza más porque no es analizada con luz y taquígrafos. Y por último, que sería deseable que el principal partido de la oposición se desmarcara de estas batallitas heredadas de la legislatura anterior, impuestas por el sector más conservador del PP, precisamente, el que intenta descabezar a la actual directiva a un mes de las elecciones autonómicas.