El Gobierno ordena a la Abogacía del Estado proceder contra las candidaturas de Askatasuna y D3M

El Gobierno ha ordenado a la Abogacía del Estado que ejercite todas las acciones legales contempladas en la Ley de Partidos para impedir que el partido Askatasuna y la plataforma Democracia 3 Millones (D3M) concurran a las elecciones autonómicas vascas del próximo 1 de marzo.

La decisión ha sido adoptada después de que las Fuerzas de Seguridad del Estado hayan encontrado "vinculaciones" entre estas dos formaciones y la ilegalizada Batasuna o sus sucesoras. De este modo, el Gobierno presentará sendas demandas de ilegalización ante la sala del 61 del Tribunal Supremo, que se sumarán a las que también prepara la Fiscalía.

Lo ha anunciado la vicepresidenta Fernández De la Vega, quien ha explicado que de los informes elaborados por la Policía y la Guardia Civil "se desprende que existen vínculos entre la ilegalizada Batasuna y las candidaturas presentadas por la agrupación electoral D3M, y entre Askatasuna y los partidos ilegalizados por el Tribunal Supremo en 2003 y 2008", en referencia a HB-EH-Batasuna, EHAK-PCTV y ANV.

Aunque no ha concretado cuáles son esos vínculos, la vicepresidenta ha señalado que las Fuerzas de Seguridad han llevado a cabo "una actuación minuciosa destinada a acreditar esa vinculación en función de conexiones, de reuniones y de elementos que están probados en los informes" policiales siguiendo los criterios marcados por el Tribunal Supremo y el Constitucional. "El Gobierno, como siempre, está decidido a cumplir y a hacer cumplir la ley para evitar el fraude que algunos pretenden", ha concluido.

Según el Ejecutivo, las consecuencias jurídicas que se derivan de los vínculos encontrados "han sido apreciadas por la Abogacía del Estado como relevantes a los efectos de poder instar de la sala del artículo 61 del Tribunal Supremo la anulación de las candidaturas de ambas formaciones y, en su caso, la ilegalización del partido político Askatasuna".

Herederas de Batasuna

La otra vía judicial para impedir la actuación de ambas candidaturas es la penal, por la que se decretaría una suspensión de actividades de ambas formaciones en el caso de existir datos que acreditaran que sus miembros incurren en la comisión de un delito de colaboración o integración en organización terrorista.

De decretarse la suspensión, ninguna de las dos formaciones podría concurrir a estas elecciones ni a otras en el plazo de tres años. La aplicación de esta medida provoca otros efectos como la clausura de sedes, locales o establecimientos; el embargo y bloqueo de cuentas, depósitos y demás activos financieros; la prohibición de llevar a cabo actividades orgánicas, públicas, privadas e institucionales en organismos públicos, registros, bancos y asociaciones o de participar como partidos en cualquier actividad de ámbito nacional o internacional, público o privado o institucional.

El juez Garzón ha decretado ya el ingreso en prisión de ocho representantes relacionados con estas dos organizaciones que están directamente vinculados con la estrategia electoral de la izquierda abertzale para conseguir estar presente en las elecciones vascas. El propio Garzón decretó el 8 de febrero de 2008 la suspensión de actividades del PCTV y ANV. Además, en agosto de 2002 dictó esta misma medida en el caso de Batasuna.