El sector duro de la carrera judicial mantiene la huelga del 18 de febrero

El 18% de los jueces que votaron la pasada semana la convocatoria de una huelga para el próximo 18 de febrero no tienen previsto, de momento, desconvocar la protesta. Tras una primera valoración de la reunión mantenida este lunes por el Ministerio de Justicia y las asociaciones judiciales, consideran que «a día de hoy» no existe «una razón poderosa» para abortar el paro laboral.

Según comentaron varios jueces y magistrados integrados en diversos comités de huelga provinciales, el aumento de la dotación para nuevas tecnologías cifrado por el ministerio en 20 millones de euros es «importante, pero insuficiente» si no va acompañada de otras medidas.

La decisión final de esta minoría de la carrera judicial, que rechazó retrasar la huelga al 26 de junio como pedían las asociaciones judiciales, queda sin embargo a la espera de que todos los colectivos judiciales emitan una valoración sobre el resultado de la entrevista con el ministro Mariano Fernández Bermejo. Pero fuentes del colectivo auguran que la mayoría de los cerca de 900 jueces que aprobaron parar el 18 de febrero siguen «insatisfechos» porque «no ha salido nada» de la reunión.

Las asambleas que apoyaron esta moción fueron las de Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Sevilla, Castellón, Murcia, Soria, Granada, Córdoba, Soria, Zamora, Lugo, Pontevedra, Gerona, Tarragona, Ibiza y Extremadura. La mayoría condicionó entonces su postura al resultado de la entrevista del lunes. Para ello defienden tres reivindicaciones esenciales: incrementar las plazas de jueces para mejorar el ratio que mide el número de magistrados según la población, que en la actualidad es de 10,24 por cada 100.000 habitantes; aumentar del 1 al 3,5% el porcentaje de PIB total dedicado a la justicia, y dejar en manos de los jueces la competencia de decidir la agenda de señalamientos de las vistas, que el ministerio quiere atribuir a los secretarios.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial con unos 1.200 afiliados de tendencia conservadora, difundió ayer un documento en el que afirma que el ministerio ha aceptado sus reivindicaciones y que, por primera vez, tiene un programa claro de actuaciones. No obstante, recuerda la necesidad de perfilar determinadas cuestiones y aconseja mantener las medidas de presión (acto reivindicativo el 18 de febrero y huelga el 26 de junio) hasta conocer los resultados de futuras negociaciones con el ministerio.

El ministro Mariano Fernández Bermejo señaló ayer en RNE el clima de entendimiento con las asociaciones, aunque recordó que «si se quiere ser un poder del Estado, hay que practicarlo todos los días». Sobre la huelga del 18-F, dijo que al tratarse de un «movimiento reducido» alguien tiene que hacer una reflexión sobre la proporcionalidad de su postura.

Por su parte, el vicrepresidente del Poder Judicial, Fernando de Rosa, señaló para la web de este periódico que ligar las reivindicaciones de los jueces al 'caso Mari Luz', como alude el Gobierno, es «simplificar el problema».