Opinion

Incierta eficacia

La masiva respuesta de los ayuntamientos a la oferta de financiación del Gobierno articulada a través del Fondo Estatal de Inversión Local dotado con 8.000 millones de euros y cuyo plazo para presentar proyectos de inversión municipal concluyó a última hora de la noche del sábado, confirma el éxito anunciado de la primera parte del plan de estímulo al empleo concebido por el Ejecutivo socialista. Sin embargo, una vez evaluados los proyectos municipales candidatos a optar a la financiación pública, la iniciativa deberá demostrar su eficacia en la creación de empleo y cumplir las grandes expectativas cifradas en la creación de casi 300.000 puestos de trabajo y el relanzamiento del deprimido sector de la construcción. El plan de reactivación coincide con una EPA que ha pulverizado las previsiones del Gobierno situando el paro en un amenazador 14% elevando el número de desempleados a 3,2 millones y cifrando en ochocientos mil los hogares que tienen a todos sus miembros sin trabajo. La propuesta de inyectar en la economía nacional ocho mil millones de euros a través de la administración municipal para reactivar el impulso económico, sin embargo, contiene en su origen algunos defectos de gestión, planteamiento y plazos que amenazan reducir sus efectos positivos a un leve crecimiento sin continuidad y con pobre efecto productivo a medio plazo.

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La obligación del decreto ley de presentar en 45 días los proyectos de obras para optar a la subvención no garantiza de manera suficiente, excepto en ayuntamientos grandes, una acertada planificación y selección de los mismos. En tanto que muchas empresas han tenido dificultades para cumplimentar las condiciones legales que les habilitan a optar a la realización de los proyectos municipales. Una de ellas es el compromiso de contratación de mano de obra en paro. Pero es dudoso que la administración disponga de las condiciones suficientes para garantizar que muchas empresas no opten por despedir a parte de sus plantillas para volverles a contratar quebrando el espíritu de la iniciativa que persigue rescatar algunos miles de trabajadores de la cola del paro. El importante gasto público dedicado al llamado plan E deja sin margen de maniobra al Gobierno para afrontar el futuro de la crisis lo que compromete al Ejecutivo y a los entes locales a obtener el máximo rendimiento a la iniciativa supervisando al límite la eficacia de las inversiones.