Bolivia quiere cerrar sus heridas

El destino y futuro político de Bolivia estaba ayer en las manos de 3.891.397 electores quienes, según los primeros sondeos, apoyaron el proyecto constitucional que el Gobierno del presidente Evo Morales consideraba fundamental para «refundar» la nación y consolidar el poder del Estado y de los indígenas.

La jornada, supervisada por unos doscientos observadores internacionales -entre ellos cuatro senadores españoles-, transcurrió con normalidad, aunque la oposición denunció fraudes. Los colegios abrieron a las 8 de la mañana (las 14 en España) y cerraron ocho horas después. Salvo un conato de enfrentamiento entre votantes del «sí» y el «no» en el departamento de Chuquisaca, evitados por la intervención de la Policía, apenas hubo incidentes destacables.

Algunas de las mesas, principalmente las localizadas en las cárceles, cerraron muy temprano. Su recuento mostró un apoyo mayoritario a la nueva Constitución Política del Estado (CPE), que entre otros puntos contempla la reelección presidencial inmediata por un periodo de cinco años que permitiría a Morales volver a competir en las elecciones de diciembre.

El dirigente aymara votó a las 9.05 en su bastión del Chapare, la región cocalera de Cochabamba, al centro del país, y se mostró confiado de repetir los resultados del referendo revocatorio de agosto pasado que ganó con el 67%. Tras depositar su papeleta, Morales comentó que la jornada era histórica porque los ciudadanos definirán «el destino y futuro del país» y aseguro que su Gobierno estaba «apostando por una Bolivia con autonomías».

Difícil camino

Pero llegar hasta aquí no ha sido nada fácil. El primer mandatario indígena hizo de la reforma de la Carta Magna un objetivo del mandato que asumió en enero del 2006. Y como primer paso logró instaurar la Asamblea Nacional, encargada de redactar los 411 artículos del nuevo marco legal. Sin embargo, la oposición encabezada por los gobernadores de las regiones autonomistas, que también son las más ricas en recursos naturales, frenó el consenso. La violencia fue casi permanente en este tiempo. Sólo en octubre pasado se alcanzó un acuerdo que permitió celebrar la jornada de ayer. Claro que para ello el Gobierno cedió en la modificación de más de un centenar de apartados.

Las regiones autonomistas de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca defendían el «no». Sus prefectos dijeron que se negarían a reconocer los resultados generales y sólo validarán el de sus respectivos departamentos. El vicepresidente Álvaro García Linera, uno de los ideólogos de la reforma, rechazó esos planteamientos y aseguró que «los bolivianos y bolivianas acataremos lo que el pueblo decida, porque la convocatoria del referéndum es a nivel nacional».

Morales adelantó que el martes se reunirá con su gabinete para planificar «una gestión plurinacional, gane o pierda el proyecto constitucional». «Todos debemos cambiar de conducta y quiero que volvamos a recoger esa trilogía (de la cultura inca) que nos dejaron nuestros antepasados: el ama sua (no seas ladrón), el ama quella (no seas flojo) y el ama llulla (no seas mentiroso). A ella incorporo una cuestión de principio que es el antineoliberalismo, anticolonialismo y antiimperialismo», agregó ayer el mandatario andino.

Rubén Costas, prefecto de Santa Cruz y uno de sus más férreos adversarios de la reforma, afirmó tras depositar su papeleta que la consulta «abre la esperanza de soñar con un mejor país pero para todos. Para buscar equilibrios para que todos seamos dueños del cambio». Los gobernadores rebeldes insisten en que los recursos originados en las autonomías deben revertir a ellas. Si se aprueba, como parece, la nueva Constitución la mayor parte quedará a disposición del Estado, que también controlará, las riquezas naturales y la economía nacional. Y como apuntan varios analistas, la confrontación también continuará.