Con las vergüenzas al aire

El sistema judicial ingresó este año en las urgencias sociales tras años de una larga enfermedad, que los más pesimistas auguran crónica. El análisis judicial de los últimos 12 meses vividos en esta provincia pasa por la muerte de una pequeña en un lugar más allá de estas fronteras, aunque cercano. La niña Mariluz y las circunstancias que rodearon la situación penitenciaria de su presunto asesino fue el golpe definitivo al castillo de naipes de un sistema necesitado de profundas reformas. Se cierra 2008 con la judicatura casi en pie de guerra –lo nunca visto– y con amagos, rumores o advertencias veladas de huelgas. Pero su primer órdago lanzado al Gobierno, al que cogieron de sorpresa mostrando públicamente las debilidades de un pilar básico de esta sociedad –recordemos a la jueza decana de Cádiz dando a conocer los más de 6.500 asuntos sin resolver que arrastraban los juzgados gaditanos de lo Penal por el mes de marzo–, ha recibido como respuesta el anuncio del ministro Bermejo –fiscal de profesión– de más mano dura en las sanciones disciplinarias contra los jueces. Quizás en 2009 consigan que el debate sobre el estado crítico de la Justicia tenga calado en una sociedad que los mira con recelo.

Un inocente perdido en la cárcel de Topas

De errores también sabe Rafael Ricardi Robles, quien soportó el peor de todos: la condena a un inocente. Pero su caso no quedó sepultado en una pila de expedientes, ni tampoco hubo un desarrollo anormal del sistema, fue víctima de una identificación errónea. Eso le llevó a vivir 13 años de soledad entre rejas y sólo dejó de ser un interno más cuando la Policía desveló que habían arrestado a los verdaderos culpables. A partir de entonces, los anhelos de relevancia de algunos lo empujaron a que fuera ejemplo de la justicia de los pobres. Cuando en realidad, ese mismo sistema ‘perverso’ es el que ahora revisa su condena y que previsiblemente lo declarará inocente. La atrocidad de este caso ha dejado para 2009 preguntas esenciales sin respuestas como saber las condiciones en las que se autoinculpó o si pudo evitarse que la víctima errara al señalarlo por dos veces.

Los porqués del ‘Nuevo Pepita’

El cinco de septiembre se cumplía el aniversario de la tragedia del Nuevo Pepita Aurora con un dolor añadido, el que aportó el informe de Fomento sobre las causas del naufragio, difundido a principios de verano. Los fallos también aparecieron y removieron más de una conciencia. Seis días después de tan funesta efeméride, el patrón del cerquero pasó de ser un superviviente a secas a declarar como imputado en los juzgados de Algeciras. Fue citado por el fiscal a raíz de las conclusiones de la Comisión Permanente de Siniestros Marítimos, que indicaban que el barco navegaba con exceso de peso y sin cumplir las instrucciones de estabilidad; elementos achacables a la mano humana y no a los designios de la naturaleza. José Vega negó la mayor, aunque a su pueblo no le cogió de sorpresa que se hablara de negligencias. El informe de Fomento también puso en entredicho la eficacia de las inspecciones en los buques, sobre los que sobrevuela la etiqueta de simples trámites burocráticos; y sembró otras sospechas en la empresa armadora del Nuevo Pepita, al que también se le hundió un pesquero gemelo en el año 2004 frente a la Costa da Morte. En este punto de la investigación se encuentra el caso.

Barroso y su poco ‘apego’ al Rey

La Real Academia Española define la expresión hacer historia como: Adquirir la importancia necesaria como para ser recordado. Y a buen seguro que la imputación del alcalde de Puerto Real por un delito de injurias a la Corona será guardado en algún anal. No porque se vaya a garantizar con sus definiciones hacia Juan Carlos I, como «indigno», «crápula» o «corrupto», una reforma de tal calibre que devuelva a España la República –cómo él sostiene–, sino por tratarse del primer alcalde de la democracia que es investigado por ese motivo. El juez de la Audiencia Nacional Grande-Marlaska ha desestimado sus recursos y ha ordenado proseguir la causa contra Barroso, quien se aferra a su libertad de expresión.

Otra oportunidad para Rocío Cortés

En este año al que le quedan pocos retales que cortar, ha regresado a los pasillos de la Audiencia Provincial el debate sobre la conveniencia de los jurados populares, asociados de por vida a la imagen que exportan los norteamericanos de su sistema judicial. Este guiño a la ciudadanía, en la que se deposita una tarea de juzgar que otros aprenden a base de años de formación, tuvo un momento para grabar en los últimos doce meses: las lágrimas de Rocío Cortés al oir el veredicto de culpabilidad contra el acusado de haber matado a su abuela en un partidito de La Viña. Otro jurado decidió todo lo contrario en 2002, pero el abogado de esta gaditana consiguió que se anulara ese primer fallo. Para Rocío, la guerra aún no está ganada porque el TSJA aún no se ha pronunciado sobre el recurso que interpuso la defensa del procesado.

Juicios y más juicios contra el narcotráfico

Difícil resulta hacer un balance judicial de la provincia de Cádiz, pasando de largo por los asuntos de narcotráfico que no paran de llegar a la Fiscalía Antidroga, cuya delegada en Cádiz, Ana Villagómez, escribió por adelantado su carta de los Reyes y solicitó un compañero para la Costa Noroeste y Jerez, donde las aprehensiones se hacen casi a diario. Cuenta con el o.k del PSOE que sin oposición en este asunto, lo presentará presumiblemente a principios de 2009. Al futuro fiscal antidroga de Jerez le tocara descubrir –si no lo ha hecho ya– lo complicado que resulta reinsertar a los traficantes mediante penas, sobre todo cuando se dedican al negocio del hachís cuyo reproche penal no es elevado. Por la Audiencia pasó la banda del Follarranas. La Guardia Civil los vinculó con treinta alijos entre 2004 y 2005. Los cabecillas fueron condenados a ocho y nueve años. Falta por ser enjuiciado el tercer jefe, quien fue extraditado por Marruecos a petición de la Fiscalía.

Una historia de idas y vueltas

Y sin abandonar el narcotráfico como materia habitual en los juzgados penales de esta provincia, el Supremo vino a confirmar en el mes de diciembre que la operación Semilla tiene ya tintes de culebrón judicial. Una sentencia que valida las declaraciones del testigo protegido –que no desconocido– como indicio para autorizar un registro, devolverá al banquillo a una familia de Sanlúcar que fue absuelta por la Audiencia e insufla de esperanzas a aquellos que no entendían las absoluciones de personas detenidas en posesión de droga. La verdadera jurídica frente a la moral de la opinión pública y de los traficantes, que como denuncian los colectivos antidroga, no le temen a la cárcel.

Zanjada la polémica de las faldas

Las faldas de las enfermeras de San Rafael no son discriminatorias y no suponen un riesgo para la salud laboral. El TSJA zanjaba así la polémica, con trasfondo de lucha sindical, dándole la razón a la empresa, cuyos abogados obtuvieron la victoria en un asunto que comenzó como anécdota gaditana y terminó en debate nacional.

Refuerzos contra el atasco

Mañana serán inaugurados los nuevos juzgados: un Contencioso y de Violencia de Género en Cádiz y un órgano de lo Social para Jerez. Su primer cometido será aliviar el atasco judicial que soporta la planta provincial que lleva años arrastrando más de 60.000 asuntos sin resolver. Si 2008 será recordado como un crack financiero, también valdría ese traje negro para la señora Justicia.