Los gitanos denuncian que son considerados «contaminados sociales»
Los gitanos denuncian que los casos de discriminación sobre su colectivo siguen siendo «constantes» y que los prejuicios contra la comunidad calé les condena a ser considerados como unos auténticos «contaminados sociales». Admiten que, en materia legislativa, se han vislumbrado algunos avances para desterrar el estigma de esta minoría étnica, pero aseveran que también el pueblo gitano «ha avanzado mucho», a pesar de lo cual los estereotipos contra su comunidad «gozan de una malísima salud de hierro, porque están profundamente arraigados en la sociedad».
Actualizado: GuardarLo dijo Fernando Rey Martínez, catedrático de Derecho Constitucional y miembro del Patronato de la Fundación Secretariado Gitano, durante la presentación del Informe sobre la discriminación y comunidad gitana 2008, un estudio de esta entidad financiado por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, y que ha contado con la colaboración del Ministerio de Igualdad. El informe recopila de manera exhaustiva un total de 78 casos, registrados en casi todas las CCAA, en los que se continúan evidenciando las discriminaciones que siguen sufriendo los miembros de esta minoría étnica en múltiples sectores y niveles de la vida cotidiana, desde la vivienda y la acción policial, hasta el acceso a bienes y servicios y el empleo, pasando por la justicia, la salud, la educación y los medios de comunicación.
Según Rey, el informe está elaborado «en clave positiva, mira al futuro y no busca identificar culpables», si bien muestra que la hostilidad contra el colectivo sigue latente. La brecha entre payos y gitanos continúa patente y, lo que es peor, los calés «han llegado a considerarlo como algo natural y desconocen la legislación que les ampara». Para revertir este «preocupante panorama», el informe de la Fundación Secretariado Gitano exige que se adopten «medidas políticas» para lograr la igualdad de trato, toda vez que, «a pesar de contar con un marco jurídico importante, las situaciones de discriminación siguen dándose». Esta situación demuestra, a su juicio, que las medidas legislativas «no son, por sí mismas, suficientes para combatir la discriminación».
