Cuestión de déficit
El anuncio de una inyección de 800.000 millones dólares a la economía estadounidense corrige de nuevo la orientación inicial del plan de rescate norteamericano, dirigiendo los esfuerzos hacia la contención de la bajada en el consumo y hacia su más incierta reactivación. La Reserva Federal y el Tesoro siguen así los pasos marcados por Gordon Brown, eludiendo enredarse más en la salvación del sistema financiero mediante la discutida compra de activos tóxicos. Pero la decisión representa también una clara adecuación de Paulson y Bernanke a los postulados del nuevo presidente en pleno traspaso de poderes. El propósito de Obama de ayudar tanto a las clases medias como a las firmas de Wall Street se hace así realidad semanas antes de que se instale oficialmente en la Casa Blanca. Aunque no podrá afrontar dicho compromiso sin asumir un incremento del déficit público estadounidense que podría llegar a alcanzar incluso un 7% del PIB. Y ello aun teniendo en cuenta que la creación de los dos millones y medio de empleos que el pasado sábado el presidente electo expuso como objetivo para 2011 no serviría más que para cubrir los puestos de trabajo que la crisis destruya mientras tanto.
Actualizado: GuardarEn las horas previas a que la Comisión Europea proponga las medidas inspiradas en la cumbre de Washington, las desavenencias surgidas entre los socios de la UE, y exteriorizadas el pasado lunes por Sarkozy y Merkel, contribuirán a situar el compromiso común muy por debajo de la cota establecida por los actuales responsables económicos de EE UU y del plan de relanzamiento esbozado hasta ahora por Barack Obama. Los países de la Unión parecen abocados a fijar un mínimo programa compartido, junto al cual cada gobierno establezca sus propios objetivos y aporte la dotación de recursos correspondiente. Es posible que, a falta de una coincidencia más estrecha, la pública competencia entre los estímulos que puedan arbitrar los distintos socios y su eficacia real permita extraer de la necesidad virtud. La contracción de la actividad de las empresas, producto del retraimiento del consumo y de las restricciones en el acceso a la financiación, no parece haber hallado su solución definitiva en las medidas habilitadas para insuflar liquidez al sistema. De ahí que, a ambos lados del Atlántico, la reducción de costes laborales aparezca como el complemento ineludible para paliar los efectos más drásticos que la recesión puede deparar a las empresas. El equilibrio que han de guardar las medidas fiscales y aquellas otras iniciativas que racionalicen la economía de las empresas, atendiendo a su viabilidad, constituye la gran interrogante a la que se enfrentan las instituciones europeas y los poderes públicos en cada país miembro. Una interrogante a la que, cuando no se conoce ni la duración ni la magnitud que alcanzará la crisis, conviene empezar respondiendo mediante una siempre contenida superación del límite del 3% del déficit público.
