Opinion

Primer fallo

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a sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Valladolid que obliga al colegio público Macías Picavea a retirar los crucifijos de sus aulas y espacios comunes, después de que un grupo de padres así lo demandara en 2005, establece un precedente judicial sobre una delicada cuestión que puntualmente se ha planteado de forma conflictiva en algunos centros públicos. El juez destaca en la sentencia que el mantenimiento de los símbolos religiosos en este centro conculcaría «derechos fundamentales» referidos a la igualdad y la libertad de conciencia. Sin embargo, al concretar las consecuencias de esta vulneración se limita a citar que los alumnos podrían llegar al convencimiento de que el Estado está más cercano a la confesión con la que guardan relación los símbolos. Pero una vez abierta la vía judicial para resolver el contraste de sentimientos entre los padres lo prudente es esperar hasta que las sucesivas instancias jurisdiccionales enriquezcan o ratifiquen el fallo.