Terrorismo y legalidad

La última aparición de la banda terrorista ETA, con la explosión de un artefacto que contenía entre seis y ocho kilos de amonal y que provocó graves destrozos en el repetidor del monte Arnotegi en las inmediaciones de Bilbao, ha coincidido con dos noticias que reflejan los límites garantistas con los que el Estado de Derecho ha de combatir el terrorismo: la inexistencia de pruebas que pudieran incriminar directamente a Garikoitz Aspiazu Txeroki en el doble asesinato de Capbreton, y las dificultades legales para lograr la extradición a España de José Ignacio de Juana Chaos. Dos hechos de distinta naturaleza que, sin duda, han generado desazón entre las víctimas del terrorismo etarra y perplejidad e incomprensión en la sociedad en general. En el primero de los casos, la inculpación de Txeroki por parte de la juez Le Vert como integrante de la cúpula directiva de la banda terrorista incluiría la inducción sobre todos los delitos cometidos por la misma en suelo francés, especialmente el alevoso asesinato de los guardias civiles Fernando Trapero y Raúl Centeno. Una acusación que, cuando menos, permite evitar la impunidad de quien al parecer se jactó ante sus subordinados de haber apretado el gatillo que acabó con la vida de los dos jóvenes servidores de la Ley. La controversia jurídica suscitada por la siempre provocadora conducta de De Juana resulta especialmente lacerante. El delito análogo al de enaltecimiento del terrorismo, tipificado como glorificación en la legislación penal británica, está penado con seis meses de prisión, cuando el mínimo exigido para la concesión de la extradición es superior. Esta falta de sintonía legal constituiría un argumento suficiente para que el juez de Belfast que entiende sobre la causa de De Juana se niegue a conceder su extradición.