Un testigo confirma el suministro de Mioflex desde 2002 a la perrera de Puerto Real, según El Refugio

El presidente de El Refugio, Nacho Paunero, afirmó hoy en Cádiz que el gerente de Agro-Farmavet declaró ayer como testigo en el proceso penal abierto contra la perrera de Puerto Real , confirmando que, "desde 2002", esta empresa suministraba a dicha perrera Mioflex, el relajante muscular con el que supuestamente fueron sacrificados cientos de animales, causándoles una muerte "lenta y agónica por asfixia que podía durar varios minutos y en los que el animal estaba absolutamente consciente".

En un comunicado, Paunero explicó que ayer también prestó declaración como imputado un trabajador de la perrera puertorrealeña y recordó que el número total de imputados asciende a siete: el dueño de la perrera, la directora, el veterinario titular, el antiguo veterinario y tres trabajadores.

Asimismo, aseguró que la directora de la perrera "mintió" en su declaración ante el Juzgado número dos de Puerto Real el pasado 22 de abril, cuando dijo que "no ejercía funciones de directora" ya que, según Paunero, "contradice" las declaraciones del imputado que compareció ayer ante la titular del juzgado y con las realizadas en su día por el dueño de la perrera y el antiguo veterinario, que afirman que "sí era la directora de la perrera".

Paunero también recordó que el pasado 3 de junio un agente del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) declaró que el veterinario titular había efectuado una llamada telefónica solicitando a la empresa Agro-Farmavet que "no facilitara a la Guardia Civil información sobre las compras de Mioflex que había realizado la perrera".

Sin embargo, el gerente de esta empresa --que compareció como testigo-- reconoció ayer que habían suministrado este fármaco a la perrera, siendo proveedor de la misma desde el año 2002. Además, según El Refugio, la facturación aportada por Agro-Farmavet demuestra la "importante cantidad" de Mioflex suministrado, que "curiosamente deja de adquirirse a partir del momento en el que se denuncian los hechos".

La perrera de Puerto Real lleva casi un año cerrada sin ninguna actividad, tal y como demuestran los informes mensuales que tiene la obligación de presentar al juzgado el dueño de la misma. Sin embargo, aún "se desconocen los socios" que forman parte de la perrera porque todavía "no se ha aportado" el libro de socios que requirió la juez en mayo.

Finalmente, El Refugio destacó que este procedimiento "único en España" es "un paso adelante en la protección animal". Según dijo, "en breve" llegará la fase de acusaciones, esperando que el juicio oral se celebre "en el primer semestre de 2009".