La inestabilidad política vuelve a retrasar el proceso de regularización de viviendas

inalmente, ni lunes ni martes. El Pleno Extraordinario que deberá aprobar las Ordenanzas que regirán el proceso de regularización de las más de 15.000 viviendas ilegales de la ciudad se celebrará el próximo viernes.

Esta sesión plenaria tiene, de cualquier forma, pocos visos de prosperar con éxito, toda vez que el Gobierno municipal tripartito formado por PP, PA y Butrón y Blanco no cuenta en estos momentos con la mayoría de votos suficiente, y la oposición de PSOE, PSA y Gestora de IU ya han reiterado su oposición al inicio del proceso «en estas circunstancias».

Más de 15.000 familias viven pendientes del inicio de un proceso de legalización y dotación de servicios que no tiene precedentes en Andalucía, y que deberá suponer un punto de inflexión en la gestión urbanística de la localidad. Sin embargo, el proceso no cuenta con todos los beneplácitos, e incluso arrastra la oposición de los vecinos y propietarios, que consideran «excesivo» el coste planteado por la Gerencia Municipal de Urbanismo para que puedan legalizar sus casas.

De cualquier forma, y en plena crisis política con la presentación de una moción de censura contra el alcalde, Ernesto Marín, de por medio incluso, tanto las Ordenanzas como el Plan Director no saldrán adelante de momento. Para el día de hoy está convocada la Junta de Portavoces, que analizará los días intensos que quedan por delante. Una de las citas ineludibles será el Pleno Ordinario de octubre, que se celebrará el jueves con pocos puntos de gestión como viene siendo habitual en los últimos meses. Al día siguiente, se celebrará si no hay más retrasos el Pleno Extraordinario para aprobar las Ordenanzas. De momento, éstas han sido incluidas en la comisión informativa previa.

Aprovechamientos

En cualquier caso, y pese a las dificultades que tiene en estos momentos para sacar adelante sus propuestas, el delegado de Urbanismo del tripartito, José Pedro Butrón, continúa avanzando sus intenciones en la materia. La última ha sido la convocatoria de un concurso público con objeto de regular la adjudicación de los excesos de aprovechamiento a los propietarios afectados por esta figura urbanística, con el fin de «evitar lo que se podría convertir en un mercado persa», dijo. Si esta iniciativa fructifica, los propietarios de suelo en los denominados sistemas generales, podrán presentar propuestas de canje en zonas afectadas por los excesos de aprovechamientos, lo que por una parte «procura el interés general, y de otra es lo más legal y transparente», según Butrón.

A esta propuesta se suma además la iniciativa para agilizar el desarrollo de los casi 2 millones de metros cuadrados de suelo industrial que se contemplan en el PGOU en vigor, buena parte de ellos está ahora mismo en manos privadas, y la Gerencia considera imprescindible adquirir ese suelo en los próximos años para diversificar la economía local.

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