Editorial

Deriva Argentina

El anuncio por parte de la presidenta argentina Cristina Kirchner de la próxima nacionalización de los fondos de pensiones privados ha suscitado una gran inquietud, tanto en dicho país como en la esfera internacional, respecto a la situación real de sus finanzas públicas, al tiempo que castigaba en cuanto a su cotización bursátil a cuantas empresas pudieran verse directa o indirectamente afectadas por tan drásticas intervenciones del Estado en ese o en cualquier otro país del centro y sur de América. Las formas empleadas por el gobierno argentino, que conectan con anteriores actuaciones que ya habían violentado el necesario clima de seguridad jurídica y solvencia institucional que precisa el libre flujo de inversiones y proyectos empresariales, han introducido tal incertidumbre respecto a las causas de fondo de la decisión y respecto a la eventualidad de que se trate de un mero ensayo de operaciones análogas que pudieran ser emuladas por otros gobiernos de la región, que merecen la franca censura de la comunidad internacional acompañada de un emplazamiento directo a que las autoridades de Buenos Aires recapaciten en su proceder. Pero junto a ello es ineludible reconocer que la decisión adoptada constituye la respuesta, por extrema que sea, a la particular variante de la crisis financiera internacional en los países que dependen de la producción de materias primas: el brusco descenso experimentado por el precio de éstas a causa del retraimiento generalizado de la demanda y la consiguiente crisis fiscal que podría situar a algunos de esos estados al borde de la quiebra en cuanto a sus cuentas públicas. De ahí también el temor de los ahorradores argentinos a que los fondos de pensiones intervenidos puedan ser utilizados por su gobierno para fines distintos a los de garantizar sus pensiones futuras. Si la crisis de demanda que afecta gravemente a los países productores de materias primas no encuentra por parte de éstos otro recurso que el de las nacionalizaciones para optimizar su rendimiento a favor de la economía nacional, el mundo globalizado y de libre mercado se encontrará con un fenómeno de excepción; con un modelo económico y de poder que hasta ayer mismo parecía impensable y que podría cuartear de manera abrupta el escenario internacional.

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Un modelo que en ningún caso sería capaz de sortear los problemas derivados de la crisis global, sino que conduciría a su agravamiento dado que ahuyentaría la inversión exterior y dificultaría sobremanera el acceso de esos países a las fuentes de financiación internacional. La combinación de autarquía y populismo a que podría dar lugar la defensa ideológica de semejante modelo provocaría, además, una quiebra en el concierto mundial tan perjudicial para dichas sociedades como para el progreso general. La soberanía desde la que la Casa Rosada y las demás instituciones argentinas pueden adoptar tan radicales decisiones no debería disuadir o silenciar al Gobierno de Rodríguez Zapatero a la hora de expresar su inequívoca disconformidad respecto al fondo y las formas de semejante deriva nacionalizadora.