Garzón retira la acusación contra Agirre y procesa a 24 personas por delitos de terrorismo

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha terminado la investigación del aparato de extorsión de ETA, conocido como "Gezi", con 24 procesados, entre ellos el ex responsable de Herri Batasuna, Jon Salaberria, el dueño del bar Faisán, Joseba Imanol Elosúa -conocido por el caso del 'chivatazo'- o una histórica etarra, María Soledad Iparraguirre.

Finalmente, ha dejado libre de toda responsabilidad a once personas imputadas inicialmente, entre ellas Gorka Aguirre, ex responsable de Relaciones Internacionales del PNV, que mantuvo varias conversaciones "aparentemente crípticas e incriminatorias" con Elosúa. Iparraguirre, a quien se atribuye la dirección del aparato de extorsión, junto a Iñaki Arietalianiz Telleria, Asier Mardones Esteban, Pedro Esquisabel Urtuzaga, Kikitza Gil De San Vicente y Zigor Merodio Larraona, están procesados de un delito de integración en organización terrorista y 144 de amenazas terroristas.

Salaberria se enfrentará a un delito de integración y amenazas terroristas y Juan José Arruti López y Alfonso Martínez de Lizarduy Alvarez a otros por colaboración con organización terrorista y amenazas terroristas, por ser, este último, como mediador, un "elemento necesario para la coacción y la amenaza cierta que objetivamente comporta la extorsión en las cartas exigiendo el pago de una suma".

Empresas extorsionadoras

Por su parte, Ignacio Orbaiceta Zabalza, José María Careaga Mearenzorena, Francisco Elizalde Galdaraz, Ricardo Armendariz Loizu, Ignacio Moreno Purroy, Jesús Marcos Calahorra Muñoz, todos ellos miembros de las empresas extorsionadas, están procesados por un delito de omisión del deber de denunciar el delito de que estaban siendo objeto para poder ser perseguido. "No ofrece duda que precisamente por la propia dinámica comisiva con la que se desarrollaron los hechos, todos los imputados pudieron facilitar, sin riesgo alguno, la persecución del delito y, eventualmente la detención de los culpables", recoge el auto.

El resto de los procesados, Ramón Sagarzazu Olazaguirre, Emilio Castillo González de Mendivil, José Carmelo Luquin Vergara, José Javier Azpiroz Noain, Juan María Saralegui Caballero, Jean Pierre Haracorene Camio, Ignacio Aristizabal Iriarte y Jesús Iruretagoiena de La Fuente, están procesados por delitos de colaboración con organización terrorista y/o amenazas terroristas

Según el auto de procesamiento, todos estas personas formaban o colaboraban con el aparato de extorsión de ETA, encargado de cobrar el llamado "impuesto revolucionario". Los componentes del "Gezi", según Garzón, proponen al aparato militar de ETA, "Otsagi", las empresas o empresarios contra los que hay que dirigir las acciones terroristas y quienes son borrados de esa lista en función del cumplimiento del pago.

Intereses de demora

Este aparato de extorsión se completa con una "red paralela", encargada de la gestión y el cobro de las cantidades exigidas a las personas, industriales y empresarios del País Vasco y Navarra. En la causa ha quedado acreditado que "Gezi" está "controlado y dirigido" por los llamados "miembros liberados" de ETA, que a su vez cuentan con la ayuda de otros "miembros legales" (no fichados por la Policía), "que se han convertido en intermediarios o interlocutores entre aquellos y los extorsionados, para hacerles llegar a éstos las cartas".

En la investigación, Garzón se basa en los documentos intervenidos a la banda, como 114 cartas incautadas en un coche en Francia. Estas van desde 2001 a 2006, están redactadas en euskera con copia en castellano, y en las mismas se fija la cantidad y el plazo para el pago, añadiendo un 5% por los "intereses de demora". A las cartas se acompañaban dos hojas encabezadas con la expresión 'Boikota', en las que se identifica a las empresas que se niegan a pagar.

El lugar en el que se solían efectuar los diferentes contactos para canalizar las diferentes remesas de cartas de extorsión y realizar las labores de gestión de cobro y pago de las cantidades exigidas por ETA, era el bar Faisán , en localidad de Irún (Guipúzcoa), propiedad de Joseba Imanol Elosúa. Estas reuniones se realizaban adoptando medidas de seguridad entre el titular y el miembro legal de ETA en la red José Antonio Cau, así como con otras personas como Julen Kerman Madariaga, Justo Azcue Zaldua o Gorka Aguirre.

Estos encuentros iban normalmente precedidos de conversaciones crípticas o en clave "que podrían inducir a pensar en la posible participación en los hechos en el momento en que se desencadenaron las principales detenciones (junio de 2006) a falta de descargo bastante en ese momento".

El auto recoge que Elosúa se dedicaba a la recopilación de información económica sobre empresas y personas físicas susceptibles de ser extorsionadas y mantenía contactos con diferentes empresarios con los que no tenía ninguna relación comercial. De ahí, Garzón deduce que estas reuniones podrían estar dirigidas a la gestión del pago de cantidades de dinero exigidas por ETA.