Contención obligada
La imputación en un delito de injurias a la Corona al alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, a raíz de sus manifestaciones contra la figura del Rey ha llevado al encausado a presentarse como víctima en un intento por ganarse la anuencia de la opinión pública. En sus nuevas declaraciones lejos de modular sus palabras el alcalde se ratifica en los ataques a la figura del Rey con el endeble argumento de que parecidos calificativos se contienen en determinados libros; y concluyendo que ejercía su derecho a la libre expresión política. José Antonio Barroso, sin embargo, es perfectamente conocedor de que una cosa es el delito de opinión no contemplado en la legalidad española desde la instauración de la democracia y otra el delito de injurias a la Corona perfectamente delimitado en el Código Penal.
Actualizado: GuardarUn alcalde, como cualquier otro ciudadano, goza de la plena libertad de ideas y de autonomía para expresar su crítica a la monarquía, defender la República o criticar la figura del Rey. La línea divisoria entre una crítica política legítima y un delito de injurias y calumnias lo marcará en última instancia la resolución judicial. Pero el hecho de que determinadas valoraciones sobre la figura real figuren en publicaciones, si son injuriosas, en ningún caso exculparían sin más a quien las repitiera en público. El Estado tiene encomendada la defensa y salvaguarda de la dignidad de las instituciones que encarnan la voluntad democrática y la soberanía nacional, entre las que la Jefatura del Estado es la de mayor rango. La legalidad constitucional no blinda al monarca ni lo sitúa al margen de la crítica o la desaprobación, de lo cual existen abundantes ejemplos a diario. Lo que sí protege es la figura del Jefe del Estado de la ofensa, la calumnia, la falsedad o la maledicencia públicas con intención de injuriar. El alcalde de Puerto Real, como representante público, en lugar de hacerse la víctima y atribuir al poder judicial una intención de liquidar moralmente su persona, debería ofrecer muestras de su responsabilidad y contención aceptando democráticamente que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y esperando que su defensa ante instancias judiciales tenga la virtualidad de demostrar que por su parte no existió intención de injuriar.
