Delitos urbanísticos

Un juicio contra promotores de chalés ilegales en Chiclana queda anulado, cuatro años después de los hechos

Cádiz Actualizado: Guardar
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A veces la Justicia es lenta ya que los procesos judiciales se alargan, se suspenden o se prorrogan.

Pero en este caso, el juicio contra seis personas acusadas de construir viviendas irregulares en el municipio de Chiclana y falsear documentos para hacerlas pasar por legales, después de haberse aplazado hasta en tres ocasiones, hoy ha dado un paso hacia atrás, cuando el tribunal de la sección 1ª de la Audiencia Provincial ha anulado el juicio a petición del fiscal, alegando que uno de los propietarios ni siquiera sabía que su casa era objeto de un juicio e, incluso, podía ser derruida.

En el proceso anulado se debía enjuiciar a dos peritos tasadores, un arquitecto técnico y tres promotores por construir viviendas ilegales en una zona cercana a la urbanización Novo Sancti Petri de Chiclana en la que está prohibido construir.

Además, se les acusa de tejer toda una trama de falsificación de certificados de obra nueva y escrituras para registrar los tres chalés recién construidos como si fueran viviendas de más de cuatro años (el tiempo en que prescriben los delitos urbanísticos).

Los hechos ocurrieron en 2003, y el proceso judicial se alarga desde 2004, tras una investigación de la fiscalía y la Policía Autonómica.

Sin embargo, en el proceso judicial no se llamó a declarar a los compradores de las viviendas: una familia española y dos parejas británicas, una de las cuáles vive ya en la vivienda y la otra la utiliza en verano.

Ayer el fiscal pidió la anulación, alegando la indefensión de los compradores (afectados por esta estafa), ya que no podrían presentarse como acusación en el juicio sino como testigos.

La decisión del tribunal devuelve el caso, de nuevo, a manos del juez instructor, que deberá tomar declaración a los propietarios de la vivienda como perjudicados y estafados al comprar de buena fe una vivienda que resultó ser ilegal (así lo ha estimado el fiscal).

Se estima que este 'paso atrás' podría alargar el proceso, al menos, un año más.