Los socios pequeños de la UE limitan la cobertura de depósitos a 50.000 euros

La presidencia francesa de la Unión Europea consiguió ofrecer en Luxemburgo una apariencia de unidad de los 27 frente a la crisis financiera, después de varias semanas de actuaciones unilaterales de los diferentes socios comunitarios, cuando no de convocatorias polémicas como la de del sábado pasado en París, a los miembros europeos del G-8 en exclusiva.

Después de varias horas de deliberaciones en el Eurogrupo el lunes, y en el Ecofin ayer, los responsables de Finanzas de los 27 acordaron elevar el nivel mínimo de la garantía del Estado para los depósitos bancarios de particulares hasta 50.000 euros por persona y entidad bancaria, desde los 20.000 en los que se encontraba situada. Se trata de una cifra mucho menos ambiciosa que la barajada la víspera por el Eurogrupo, que ascendía a 100.000 euros. De hecho, varios socios comunitarios mantienen esquemas de protección del ahorro privado mucho más generosos. Es el caso de Irlanda, Grecia, Alemania, Portugal, y ahora España.

El umbral mínimo de 50.000 euros fue establecido debido a las reticencias de algunos socios pequeños de la UE, con sistemas financieros poco desarrollados, a ir más allá. La presidencia del Consejo, Christine Lagarde, lo explicó parafraseando a un miembro del Ecofin que, en sala, habría dicho, contestando a un interlocutor que juzgaba insuficiente esa cobertura: «lo que para ti es poco, a mí me resulta enorme». Las reticencias a los 100.000 euros de garantía mínima vinieron, sobre todo, de los nuevos socios comunitarios, con modelos económicos poco desarrollados y en fase de consolidación.

Anular los blindajes

La ministra francesa insistió en la determinación del Ecofin para evitar las quiebras de los grandes grupos financieros que pudieran desestabilizar a todo el sistema y en la voluntad del BCE, expresada claramente la víspera por su presidente Jean-Claude Trichet, de garantizar la liquidez al sistema financiero durante el tiempo y en la cantidad que resulte necesario.

Además, y aún reconociendo que la remuneración de los ejecutivos de las instituciones financieras corresponde dictarla a la propiedad y a sus órganos de Gobierno, el Ecofin advirtió que vigilará de cerca, «en beneficio de los contribuyentes», la fijación de las remuneraciones de los altos cargos. En los casos de intervención con fondos públicos de una empresa privada, las Administraciones concernidas se reservan el derecho de anular blindajes y compensaciones pactadas por los altos ejecutivos. Como norma general, el Ecofin recomienda para estos casos el establecimiento de un marco transparente que permita el control por los accionistas de lo que verdaderamente perciben sus ejecutivos.

Esas remuneraciones, incluidas las de cesación de actividad en la empresa, deberían estar vinculadas a los resultados obtenidos, primando la rentabilidad a largo plazo y a escala del conjunto de la empresa.