La UE actúa a la desbandada para proteger el ahorro de sus nacionales

La mención, en las conclusiones de la 'minicumbre', de que «la aplicación del Pacto de Estabilidad y de Crecimiento (PEC) debería reflejar las circunstancias excepcionales que atravesamos, en aplicación de las reglas» del mismo, ha sido interpretada en amplios entornos como un compromiso para flexibilizar la disciplina presupuestaria en la Eurozona, asumido 'a cuatro' y cuando uno de esos cuatro, además, ni siquiera es miembro del euro.

No es una interpretación descabellada, pues el acopio de cuantiosos recursos públicos para hacer frente a las sucesivas crisis bancarias va a tener un reflejo en las cuentas de los Estados miembros concernidos. Francia, por ejemplo, se estaba acercando peligrosamente a la barrera del 3% de déficit presupuestario contemplada por el PEC ya antes de los reflotamientos bancarios acometidos. El país encara objetivamente un desbordamiento de ese límite.

Fuentes diplomáticas precisaban ayer, sin embargo, que la presidencia francesa mantiene en todos sus extremos la aplicación estricta del Pacto de Estabilidad, tal y como este aparece redactado tras la reforma de 2005. Esa es la posición que la ministra Christine Lagarde defendió ayer en el Eurogrupo, la que defenderá hoy en el Ecofín y la que Sarkozy planteará a sus pares europeos la semana que viene, cuando se reúna con ellos en Consejo Europeo.

¿Cómo puede entenderse el galimatías? Con una simple lectura del Pacto de Estabilidad revisado, en el que se reconoce que, en determinadas circunstancias excepcionales, la barrera del 3% del déficit presupuestario podrá ser franqueada sin infringir las disposiciones del PEC y ser objeto el país concernido, por ello, de un procedimiento comunitario por déficit excesivo.

El PEC revisado otorga una amplia discrecionalidad a la Comisión y a los Estados miembros para interpretar lo que puedan ser circunstancias excepcionales que expliquen un déficit fiscal superior al 3% del PIB. Y lo que Sarkozy busca es garantizarse por esa vía el auxilio a una entidad bancaria en aprietos.

El presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, era ayer muy explícito al respecto. En una declaración manifestaba que «nuestras reglas sobre el mercado interior, sobre ayudas de Estado y aún sobre el pacto de estabilidad y crecimiento están previstas para hacer frente a este tipo de situaciones excepcionales (...)Por supuesto que aplicaremos las reglas con la flexibilidad necesaria».

Pocos minutos antes, y ante la desbandada de comportamientos nacionales en el muy sensible tema de la garantía de los depósitos bancarios, la presidencia francesa de la UE había forzado una declaración conjunta de los 27, a la que se sumó también Barroso, en la que los líderes comunitarios manifiestan su determinación de «tomar las medidas necesarias para proteger el sistema (financiero) y a los depositantes».

«Todos los dirigentes de la Unión Europea, asegura el comunicado, declaran que cada uno de ellos adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la estabilidad del sistema financiero, ya sea mediante la inyección de liquidez procedente de los bancos centrales, por medidas concretas sobre determinados bancos o por dispositivos reforzados de protección de depósitos».

El comunicado venía a dar apariencia de cohesión a una auténtica estampida de medidas adoptadas a título unilateral y con carácter previo, por diversos Estados europeos, para garantizar los ahorros de sus nacionales y evitar su fuga a territorios más garantistas para el capital. Abrió el fuego hace dos semanas Irlanda, al comprometer garantía total para todos los depósitos de sus seis principales bancos, y la siguió Grecia.

Alemania, que había reclamado a Dublín que reconsiderara su decisión, optó el domingo por hacer lo mismo con los ahorros de los particulares. Ayer se sumaban a la ola Suecia y Dinamarca, que revisaban al alza los límites de ahorro protegidos. En el primero de los casos hasta 70.000 dólares por cuenta y en el segundo sin límites. Austria hacía otro tanto, al igual que Portugal. El Reino Unido se vio obligado a blindar su ahorro privado, ante la evidencia de que estaba huyendo en masa hacia Irlanda. Italia, en fin, tiene garantías de 100.000 euros por cliente.