Editorial

Paro diferencial

El pésimo dato sobre la evolución del desempleo en septiembre, que aumentó en 95.367 personas y afecta ya a 2,6 millones de trabajadores -la peor cifra desde 1997-, se sumó ayer a las estadísticas de Eurostat que sitúan a España a la cabeza de la UE en lo que al incremento del paro se refiere. Cádiz tampoco escapa a esta triste realidad, ya que cada día del pasado mes sumó una media de 267 personas a la lista de desempleados de la provincia, elevando la cifra total de parados gaditanos a 129.154 personas. La conjunción de ambos indicadores subrayan el profundo y acelerado deterioro que está sufriendo el mercado laboral a causa del fuerte retraimiento en la actividad económica, que también está haciendo mella en otros socios comunitarios. Pero la evidencia de que la crisis tiene repercusiones generalizadas no explica por sí sola la vulnerabilidad que exhibe nuestro país fruto de las peculiares características de un patrón de crecimiento que ha primado en la larga etapa de bonanza la mano de obra intensiva por encima del impulso a una productividad más vinculada a la cualificación personal, al desarrollo tecnológico y a una mayor movilidad profesional. La subida del paro en todos los sectores, con mención especial para la pérdida de 56.000 puestos en los servicios -hace un año no llegaron a 3.000-, subraya la imposibilidad de amortiguar hoy por hoy los despidos que está encadenando el desplome de la construcción.

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El agravamiento de la crisis ha obligado al Gobierno a identificar el empleo como una prioridad de su política económica. Sin embargo, tanto las medidas impulsadas en los últimos meses, como el lastre que ha supuesto para el proyecto de Presupuestos el aumento de las prestaciones de paro, indican que el Ejecutivo está dedicando sus principales esfuerzos a dar cobertura a las necesidades más urgentes derivadas del desgaste del mercado laboral y de la amenaza cierta de destrucción de puestos de trabajo; y no tanto, en consecuencia, a promover un empleo productivo que precisaría de mayores inversiones -por ejemplo en I+D+i- que las que se prevén en las Cuentas para 2009. Pero es dudoso, incluso, que el plan de recolocación de parados al que se van a destinar 200 millones de euros pueda no ya compensar la reducción de contrataciones en sectores como la construcción, sino reajustar el mercado fomentando el autoempleo y la movilidad geográfica, dos objetivos que precisarían de una mayor confianza en las expectativas económicas y de un patrón social menos condicionado por la extensión de la vivienda en propiedad; es significativo, en este sentido, que sean los inmigrantes los más dispuestos a renunciar a su arraigo por un trabajo. Los escollos para poder reacomodar en breve a los nuevos desempleados y para avanzar, al tiempo, hacia otro modelo económico constituyen un desafío para el diálogo social, cuyos protagonistas debería acometer cuando menos el estudio de aquellas reformas laborales que puedan suscitar un mínimo consenso entre los intereses de empresarios y trabajadores.