El PP tilda de «enchufismo encubierto» la contratación de 22 asesores municipales

Parece que se ha abierto la veda y los populares están dispuestos a dar a conocer públicamente las contrataciones un tanto polémicas que en los últimos meses han llevado a cabo los socialistas en el Ayuntamiento. Y es que a pesar de las amenazas de la alcaldesa, Pilar Sánchez, de llevar a la Fiscalía supuestas ilegalidades del PP cuando María José García Pelayo se sentaba en el sillón de la Alcaldía relacionadas con este asunto, este grupo municipal ha decidido echar más leña al fuego para reavivar las llamas y sin pelos en la lengua aseguró ayer mismo que «este Gobierno municipal está institucionalizando el enchufismo».

Es más, la portavoz del PP en el Consistorio jerezano, María José García Pelayo, señaló que «Pilar Sánchez se está excusando en que la contratación de los 26 asesores se hizo bajo un acuerdo en el Pleno, lo que no dice es que éste acuerdo no se realizó para que aumentar la plantilla municipal. Y ello sin contar con las secretarias o asistentes personales que también tiene el Ayuntamiento y que llegan a través de contratos laborales, como es el caso de Dolores Caravaca».

Una afirmación a la que añadió que «no es ético que ni moral que se esté utilizando dinero público para colocar a personal del Partido Socialista». De hecho, para los populares es bastante llamativo que «de los 26 asesores oficiales que hay, 22 sean nuevos», según matizó Bernardo Villar, presidente local del PP. Entre ellos, y según siempre desde la oposición, «el nuevo asesor del área de Movilidad y Seguridad, Juan Toledo, ex trabajador de Delphi, ha pasado de ganar 18.000 euros al año a 30.000 que cobra en su nuevo puesto».

«Ante ello, se deberían dar explicaciones de cómo se negoció la recolocación de los trabajadores de Delphi, porque hasta la fecha, que sepamos, sólo hay dos trabajando: uno en la Junta de Andalucía y otro en el Ayuntamiento de Jerez», indicaron desde la sede de los populares. Algo que para el presidente provincial del PP de Cádiz, José Loaiza, «es una forma de comprar la paz social», es decir, que «aquellos sindicalistas que nos pueden dar más molestias los callamos colocándolos en las administraciones públicas», aclaró García Pelayo.

En cuanto a la amenaza de Pilar Sánchez realizada hace escasos días y relacionada con las irregularidades que pudieron hacer los populares a la hora de contratar personal cuando estaban en el Gobierno municipal, Bernardo Villar retó a la primera edil a que «si considera que debe llevar algo a la Fiscalía que lo hago. Lo curioso de este asunto es que lo haga ahora, después de cinco años. ¿No se había dado cuenta antes? Los contratos que nosotros hicimos fueron totalmente legales y lo que pretende con estas afirmaciones en poner una cortina de humo. Que yo sepa la única que ha sido requerida por la Fiscalía ha sido la señora Sánchez y por una demanda de un militante de su propio partido», concluyó

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