Sentencia contra el terror
La disolución de ANV dictada por el Tribunal Supremo se convirtió ayer en la confirmación de un fallo que se daba por sentado y coincidió con el último intento de asesinato por parte de ETA mediante una bomba lapa colocada en el vehículo de un policía nacional. Las evidencias de que Batasuna, ya ilegalizada, se había adueñado de las siglas de una formación histórica para dar con ellas cobertura al terrorismo y para procurarse el máximo de presencia en las instituciones locales y forales de Euskadi y Navarra resultaban tan abrumadoras que parecía imposible un veredicto distinto al emitido por unanimidad por la Sala del 61. Lo que lleva a pensar que las deliberaciones sobre el PCTV, que dicha Sala iniciará hoy, probablemente conduzcan al mismo final. La decisión del Tribunal Supremo agrava sin duda la debilidad y el desconcierto que han venido apoderándose de la izquierda abertzale. Ello unido a las tensiones generadas entre los activistas de ETA a raíz de su última ruptura de tregua -de la que dan cuenta recientes misivas de significados reclusos de la banda- confiere al momento una especial relevancia, acrecentada por la nueva constatación de que los terroristas siguen empeñados en matar. Es precisamente este último hecho el que obliga a los poderes del Estado a perseverar en el esfuerzo que conduzca cuanto antes a la irremisible derrota de ETA.
Actualizado: GuardarEl fallo del Supremo pone en entredicho la coherencia del Gobierno y de la Fiscalía General cuando impugnaron unas y no otras listas electorales de ANV a los comicios locales de mayo de 2007, al tiempo que recuerda las incomprensibles dudas y renuencias entre las formaciones democráticas que, seis meses después del asesinato de Isaías Carrasco en Mondragón, permiten que electos de la izquierda abertzale continúen al frente de algunas alcaldías. Por eso mismo el milagroso fallo del artefacto letal que ayer estuvo a punto de costarle la vida a otro servidor público no debe ser contemplado como un incidente más, sino como la prueba de que el nacionalismo gobernante no puede desentenderse de su responsabilidad política a la hora de combatir a ETA y a quienes le dan cobertura con todos los instrumentos que brinda la legalidad sin que sobre él caigan todas las sospechas del interés electoral más reprochable.
