Una organización pide que los aviones de la familia MD-80 dejen de volar

La familia de los Mc Donnell Douglas-80 está en el ojo del huracán tras el siniestro del avión de Spanair del 20 de agosto. La Organización Impulsora de Discapacitados, OID, personada como acusación popular en la investigación del accidente del vuelo JK5022, solicitó ayer al juez Javier Pérez, instructor del caso, que retire de circulación todos los MD-80 hasta que Aviación Civil acredite que las aeronaves cumplen la directiva de la Administración Federal de Aviación de EE UU de 2006.

La norma, aplicable en España en virtud de convenios internacionales, obliga a las aerolíneas a subsanar en 18 meses los defectos de fabricación en el cableado y el tren de aterrizaje detectados en la familia de los MD-80, a la que pertenecía el siniestrado MD-82. El Ministerio de Fomento, al que se encuentra adscrita Aviación Civil, guardó silencio y se negó a valorar la petición de la OID.

La directiva norteamericana no es la única que da cuenta de errores en los prototipos MD-81, MD-82, MD-83, MD-87 y MD-88. Manuel Von Ribbeck, principal abogado de la firma norteamericana Ribbeck Law, afirmó el pasado jueves en Las Palmas, que su bufete posee estudios técnicos que demuestran que la familia de los MD-80 ha sufrido «fallos de diseño, electrónicos y en los manuales» que suelen repetirse en todos los aparatos.

Ribbeck Law ha interpuesto una demanda contra Boeing, fabricante del MD-82 de Spanair, en nombre de tres familias de Gran Canaria, Mallorca y Suecia. La acusación popular de la OID y la del bufete norteamericano no son las únicas en curso. A ellas se sumaron ayer dos personaciones como acusación particular realizadas por familiares de las víctimas ante el juzgado número 11 de Madrid, encargado de la instrucción del caso.

La firma estadounidense de abogados Matthews & Associates también confirmó que representará a varios afectadas por la tragedia. Lizy Santiago, abogada de la firma, estará presente el próximo martes en Las Palamas para comunicar la oferta de su bufete a los afectados. La letrada no precisó el número de personas que ya han aceptado los servicios de la compañía, pero consideró que los familiares de las víctimas «estarán a gusto» con su propuesta. Otras tres firmas norteamericanas están interesadas involucrarse en el proceso jurídico contra Boeing.

El grupo conformado por Esquerra Republicana, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya registró ayer una petición para la creación una subcomisión que aborde el estudio de medidas que mejoren el sistema de seguridad aérea y permita resolver las «carencias» en la puesta en marcha de los planes de emergencia ante catástrofes