Garantías de seguridad

La comparecencia de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, ante el Congreso de los Diputados para ampliar la información acerca de la tragedia aérea del avión de Spanair JK5022 contribuyó a despejar buena parte de las dudas que se habían originado en torno a la seguridad en el espacio aéreo español y a la actuación de los servicios de emergencia en los momentos posteriores a la catástrofe. Pero como cabía también esperar, apenas aportó información novedosa o documentación original que pudiera adelantar el esclarecimiento de las causas que convergieron en el desencadenamiento de la tragedia de Barajas. Las prolijas explicaciones de la ministra de Fomento, que encontraron un clima de extraordinaria comprensión y cooperación entre los portavoces de los grupos parlamentarios, acreditaron que tanto en el capítulo del rigor y la frecuencia de las inspecciones sobre las aeronaves de la compañía accidentada, como en lo relativo al cumplimiento de los protocolos estipulados para situaciones de emergencia el funcionamiento de los equipos fue correcto y ajustado a la normativa europea vigente. La imposibilidad de evitar que en el debate parlamentario afloraran algunos reparos acerca de la desproporción entre un sector como el de la aviación civil que en los últimos años ha experimentado un crecimiento extraordinario y unos medios de inspección insuficientes, condujo la titular de Fomento a admitir la posibilidad de que, a raíz del accidente, pueda ser necesario revisar la actual legislación de seguridad aérea.