Financiación autonómica y Presupuestos
El Gobierno abortó ayer in extremis la más que probable derrota parlamentaria que hubiese obligado a Zapatero a dar explicaciones en el Congreso sobre la financiación autonómica. Los buenos oficios de Fernández de la Vega ante ICV, el tercer socio del tripartito catalán, lograron la retirada de la exigencia a cambio de que Solbes se explique en la Cámara antes de final de agosto y de que en tres meses el acuerdo de financiación sea un hecho.
Actualizado: GuardarConviene arrojar cuanto antes claridad: lo esencial que debe discutirse no es si la financiación catalana será o no negociada bilateralmente, ni siquiera el grado de solidaridad -que habrá de seguir siendo alto dadas las relevantes diferencias de renta entre unas regiones y otras-, sino la cuantía de la aportación suplementaria del Estado central a la que actualmente existe, que es insuficiente
En 1996 ya se planteó, también a instancias de Cataluña, el mismo asunto, aunque vestido de otra manera. Cataluña exigió a Aznar más recursos, y dado que por pura equidad la mejora catalana había de extenderse, el Estado tuvo que aportar 12.000 millones de euros, más de un 2% del PIB al sistema global de financiación.
En esta ocasión, la exigencia catalana, fruto de una interpretación relativamente técnica del Estatuto, es de entre 3.000 y 3.500 millones de euros, según el cálculo efectuado por las Cámaras de Comercio. Ello representa que, con independencia de que se negocien los términos del reparto general (es decir, qué capítulos se incluyen en el Fondo de Solidaridad), la aportación adicional del Estado al sistema representaría entre 12.000 y 15.000 millones de euros para el conjunto de todas las comunidades de régimen general, entre el 2 y el 2,5% del PIB.
Casualmente este porcentaje del PIB es aproximadamente equivalente al superávit del Estado en 2007. Se hubiesen podido atender, pues, las demandas sin ningún problema si el ciclo económico no hubiera cambiado súbitamente. Ahora, y a juzgar por los resultados del primer semestre del ejercicio en curso, puede asegurarse que, en tanto no remonte de nuevo la economía, la nueva financiación autonómica provocaría déficit.
Sobre todo si el Gobierno cumple su plausible intención de reservar al Estado al menos el 50% de los recursos públicos.
No parece prudente, pues, acometer este doble designio automáticamente: lo lógico sería implementar la nueva financiación gradualmente, a medida que la economía se rehaga y los Presupuestos soporten la mayor aportación sin provocar efectos indeseables. No debe perderse de vista que el déficit no sólo incrementaría la deuda y violentaría el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sino que introduciría nuevas tensiones inflacionistas.
En definitiva, la negociación sobre la financiación autonómica está íntimamente ligada a la negociación presupuestaria, y resulta absurdo insinuar o pretender otra cosa. Pero tal relación debería ser positiva y conducir al posibilismo. La reforma del sistema habría de ser progresiva, de forma que se atendieran primero las necesidades más urgentes relativas a los grandes servicios públicos sin mermar la capacidad inversora de las Administraciones públicas, muy necesaria para paliar la crisis.
Esta doble negociación será compleja, pero de ella dependen el porvenir económico de este país y la futura estabilidad del Estado de las Autonomías. Convendría esforzarse para tener éxito.
