El Gobierno prepara una segunda propuesta de financiación para las autonomías

El Gobierno no ha dicho su última palabra en materia de financiación autonómica. Ante el rechazo que suscitó la primera propuesta, prepara una segunda que presentará en septiembre u octubre a las comunidades con la idea de llegar a un acuerdo antes de fin de año. Un objetivo complicado puesto que las diferencias de las autonomías entre sí, y entre éstas y el Ejecutivo central son muy notables. El PSOE y el PP, además, no logran poner orden en sus filas porque sus gobernantes han colocado los intereses de sus territorios por encima de las consignas de partido.

La primera toma de contacto entre el Gobierno y las comunidades en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 22 de junio no se cerró con avances, y lo que es peor, los contactos posteriores han agrandado la sima. El Ejecutivo trata de aparecer tranquilo con el argumento de que las negociaciones de un nuevo modelo de financiación son siempre complejas, pero al final siempre se llega a un acuerdo. Sus gestos, sin embargo, denotan intranquilidad.

El Ministerio de Economía trata de permanecer ajeno a la polémica y trabaja en una mejora del modelo que planteaba una cesión del 50% del IRPF y del IVA y del 58% de los impuestos especiales sobre el tabaco, alcohol y carburantes a las comunidades. En la actualidad, las autonomías gestionan el 33% del IRPF, el 35% del IVA y el 40% de los impuestos especiales.

En este apartado no existen grandes discrepancias. Pero al ser una negociación a 15 bandas, todas las autonomías menos Euskadi y Navarra, que tienen su propio sistema foral, las divergencias son múltiples, pero dos amenazan con convertirse en insolubles: los criterios para el reparto de fondos y los mecanismos de solidaridad. La propuesta gubernamental prima el criterio de población para el reparto de fondos. El peso demográfico de una comunidad de acuerdo al censo más actualizado pondera en torno al 90% en la distribución del dinero, y el resto de variables, envejecimiento, dispersión, insularidad o cualquier otro, absorben el porcentaje restante. Ésta es la filosofía gubernamental, que fue secundada por las comunidades con mayor población. Las que no han tenido un aumento equiparable o incluso han perdido demografía rechazaron esta fórmula, y exigen que el factor humano pondere entre el 70 y 80% y se eleve el peso de los demás factores.

El modelo que maneja el Gobierno no prevé cambios sustanciales en los mecanismos de solidaridad entre comunidades respecto al actual. Una postura que no es compartida por las autonomías con mayor dinamismo fiscal, que quieren limitar las transferencias de recursos a la financiación de sanidad, educación y prestaciones sociales. Lectura de la que discrepan los territorios con menor recaudación ya que se verían con dificultades para cubrir sus gastos sociales.

En estas batallas no hay colores políticos. El presidente aragonés, el socialista Marcelino Iglesias, reclamó ayer que se tomen en cuenta factores como «la extensión del territorio, la dispersión y envejecimiento de la población». Un criterio idéntico al que ha defendido el presidente de Castilla y León, el popular Juan Vicente Herrera. En el bando de las autonomías más ricas y pobladas se alinean Cataluña y Baleares (PSOE) y la Comunidad Valenciana (PP) y podría sumarse la Comunidad de Madrid, también gestionada por el PP.

Enfrente, entre los territorios de menor peso demográfico se sitúan Galicia, Asturias, Aragón y Extremadura, con gobiernos del PSOE, Castilla y León, con ejecutivo del PP, y Cantabria, en manos de los regionalistas con apoyo socialista. Andalucía y Castilla-La Mancha respaldan con matices la propuesta gubernamental, mientras La Rioja, Murcia y Canarias no se han decantado.

Los grupos forzarán a Zapatero a ir al Congreso a debatir el nuevo modelo

La Diputación Permanente del Congreso forzará este miércoles, salvo sorpresa, a José Luis Rodríguez Zapatero a acudir a un pleno extraordinario de la cámara para debatir sobre la financiación autonómica. Todos los grupos, salvo el socialista, han anunciado que respaldarán una petición de Iniciativa per Catalunya y Esquerra Republicana en ese sentido, no así una del PP con igual objetivo porque las fuerzas catalanas consideran que sólo busca desgastar al Ejecutivo socialista.

Rodríguez Zapatero sólo podría soslayar esa derrota parlamentaria si logra que algún grupo respalde al socialista en el rechazo a la iniciativa. Sus ojos, en un principio, se posaron en el PNV, pero los nacionalistas vascos anunciaron que secundarían la postura que tomase CiU, y la federación catalana resolvió apoyar la moción de Iniciativa y Esquerra. Su otra posibilidad estaba en el Grupo Mixto dado que el Bloque Nacionalista Galego, que ejerce este mes la portavocía, es su aliado en la Xunta de Galicia, mas los nacionalistas gallegos se inclinan también por apoyar la comparecencia.

Con este panorama, el único instrumento que tiene el Gobierno para salir airoso de la encrucijada es solicitar de forma voluntaria un pleno extraordinario del Congreso para que el jefe del Ejecutivo dé a conocer sus planes de financiación autonómica. Una maniobra que ya se vio obligado a hacer a principios de julio, cuando formuló una solicitud en ese sentido ante la más que previsible derrota en la Junta de Portavoces de la cámara ante una petición del PP para debatir sobre la crisis económica. Los populares han pedido, además, la comparecencia de la vicepresidenta primera y de la ministra de Educación y de Política Social. El resto de los grupos ha reclamado también la presencia de las titulares de Defensa, de Administraciones Públicas y de Fomento.