La Plataforma contra el Catastrazo aplaude la corrección de algunos valores

La corrección de algunos de los valores catastrales aplicados en Jerez por parte de la Dirección General del Catastro ha sido valorada de una forma especialmente positiva por los miembros de la Plataforma contra el Catastrazo, que por fin han obtenido resultados satisfactorios a las numerosas protestas que han emprendido. El portavoz del colectivo, Juan Manuel Sánchez, explicó ayer que en los casos en los que se había aplicado una subida inicial del 200%, finalmente se ha producido una depreciación del 30% gracias a los recursos interpuestos, por lo que la plataforma confía en que se siga manteniendo esta tónica.

No obstante, Sánchez recordó que existen muchos otros casos de personas que, al no haber recurrido la revalorización, serán sometidas a una posible «discriminación» cuando reciban el Impuesto de Bienes Inmuebles. Por ello, el colectivo no cejará en su empeño y promete un otoño cargado de reivindicaciones, que arrancarán en septiembre con la puesta en marcha de una nueva campaña de denuncia contra el Gobierno local.

En esta ocasión, la iniciativa consistirá en el reparto de 10.000 octavillas y la pega de 2.000 carteles, en los que se pondrá de relieve «el acoso y represión» que los miembros de la plataforma aseguran padecer desde el Consistorio. «Cuando nos hemos posicionado contra la aplicación de los valores catastrales, la actuación del Ayuntamiento ha sido desproporcionada e injusta. Por ello, hacemos un llamamiento a los colectivos sociales de la ciudad, para que apoyen la divulgación de nuestra campaña a través de un documento que es una declaración de apoyo a los compañeros condenados y sancionados, y que esperamos secunden».

El portavoz hizo referencia así a los procedimientos judiciales en los que se han visto inmersos varios integrantes de la plataforma, alguno de los cuales aún permanece abierto. Cabe recordar que ya se celebraron dos juicios de faltas en los que se condenó por desacato y desobediencia a la autoridad a dos de los miembros, mientras que otros dos quedaron absueltos, a raíz de un incidente ocurrido con la Policía Local durante una de sus protestas.

Además, se acusa a otros cuatro simpatizantes de esta causa de un delito electoral, cometido presuntamente durante la jornada de reflexión previa a las elecciones municipales, por la distribución de material de contenido político. Junto a esto, Sánchez anunció que también la Delegación de Medio Ambiente ha abierto un expediente sancionador a tres personas por utilizar el mobiliario urbano durante la última manifestación, para la pega de carteles. Una medida que aseguran no comprender desde el colectivo, por lo que pedirán a la delegación que haga público el número de expedientes sancionadores que se han llevado a cabo en relación a sucesos como éste.

Otra discriminación

«En las elecciones se realiza una intensa campaña con todos los medios posibles, incluso con el mobiliario urbano, y ahora resulta que se nos sanciona por ello. Esta situación es discriminatoria, y más aún si se considera delito grave, como es el caso. Además, no se deteriora ninguna propiedad pública». En este sentido, también pedirán al Ayuntamiento que habilite espacios permanentes para que los ciudadanos puedan expresarse libremente, sin correr el riesgo de ser sancionados por ello.

Aunque la campaña de recogida de firmas ya se cerró, alcanzando casi las 20.000 rúbricas, los miembros del colectivo no descartan continuar con las movilizaciones que consideren oportunas, con el fin de reivindicar un derecho que consideran les ha sido usurpado por la Administración.