El PP pedirá endurecer el trato a ex presos de ETA

El Gobierno y el Partido Popular buscan endurecer las leyes contra los terroristas de ETA que ya hayan cumplido sus penas pero no se hayan arrepentido de sus crímenes ni pagado las indemnizaciones establecidas en sus sentencias. Los populares propondrán en septiembre medidas al Ejecutivo para evitar que se repitan casos como el del etarra José Ignacio de Juana Chaos, que quedó libre y con plenos derechos tras cumplir sólo 21 años de los más de 3.000 a que fue condenado por 25 asesinatos y otros crímenes terroristas.

La secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, desveló ayer que su partido ha elaborado «un borrador que vamos a presentar al Partido Socialista acerca de la responsabilidad civil de los terroristas para que no puedan ocurrir casos como los recientemente conocidos de terroristas que disfrutando de bienes se declaran insolventes».

Los casos a los que se refiere Cospedal son los escándalos suscitados por el regreso a sus lugares de origen de Iñaki de Juana y Cándido Azpiazu. El primero volverá a San Sebastián para vivir en un barrio donde habitan víctimas de ETA y en un piso que era de su madre pero que antes de morir vendió a la esposa del terrorista, Irati Aranzábal, para burlar su más que probable embargo y subasta por el Estado para pagar las indemnizaciones. Cándido Azpiazu, por su parte, abrió una cristalería -después embargada por la Audiencia Nacional- en el edificio donde vive la viuda del militante de UCD Ramón Baglieto, al que asesinó.

Cospedal subrayó que para evitar estos casos, el PP trabaja en lo que llamó «medidas post-condena o de aseguramiento y alejamiento» para que las víctimas no tengan que sufrir «la humillación de vivir con ellas».

Pacto

El presidente de su partido, Mariano Rajoy, anunció a comienzos de agosto que acometerá con el PSOE en septiembre reformas para impedir a los ex presos acercarse a sus víctimas y que paguen las indemnizaciones. Los dos partidos intentarán así hacer realidad el acuerdo antiterrorista que fraguaron Rodríguez Zapatero y Rajoy en su reunión del 23 de julio en La Moncloa. «Nuestra intención es que el pacto sea realidad en septiembre y lo presentaremos en las Cortes ese mismo mes», detalló entonces Rajoy.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, negocian las posibles vías para sacar adelante las reformas. El primero concentra su atención en el artículo 48 del Código Penal, que limita el derecho de los condenados a acercarse al domicilio y lugares frecuentados por sus víctimas. El dirigente del PP explora endurecer el artículo 96, que incluye doce medidas 'post pena' como la prohibición de residir en determinados lugares o acercarse a las víctimas y comunicarse con ellas. Medidas que hasta ahora sólo se han aplicado a otra clase de delincuentes considerados peligrosos, como pederastas y maltratadores, pero nunca a los terroristas. Hacerlo significaría equipararlos en el trato.