La crisis por la financiación autonómica coloca al Gobierno contra las cuerdas

La financiación autonómica ha terminado por amargar las vacaciones estivales del Gobierno. El PP se ha sumado a la ofensiva de las fuerzas catalanas y está dispuesto a respaldar la próxima semana una petición de Iniciativa per Catalunya y Esquerra Republicana para que el presidente del Gobierno explique en un pleno extraordinario del Congreso la marcha de las negociaciones sobre estos recursos. La decisión depende de CiU, que soporta todo tipo de presiones para que secunde la solicitud, pero que duda en dar el paso porque supondría romper el marco bilateral de las tratativas, una vieja aspiración catalana.

Empezó como una simple piedra en el zapato, pero el futuro modelo de financiación se ha convertido en todo un quebradero de cabeza para el Ejecutivo por la rotunda negativa de las formaciones catalanas, incluido el hermano Partit dels Socialistes, a aceptar su propuesta. El enfrentamiento amenaza con ahondar la precariedad parlamentaria del Gobierno cuando apenas han transcurrido cuatro meses de la legislatura y con la crucial negociación de los Presupuestos del Estado para 2009 a la vuelta de la esquina. Ante este panorama, el PP creyó haber encontrado un nuevo flanco, además del de la crisis económica, para desgastar a Rodríguez Zapatero y solicitó el pasado lunes la celebración de un pleno extraordinario en el Congreso para que el jefe del Ejecutivo explicara los criterios del futuro modelo de financiación.

La iniciativa 'popular' parecía abocada al fracaso en la votación de la Diputación Permanente de la cámara baja que debe celebrarse el próximo 20 de agosto porque CiU se negó a secundarla con el argumento de que no era «seria» y sólo buscaba debilitar a los socialistas sin resolver el fondo del asunto, la financiación. Además, apuntaron desde la federación catalana, se sacaba la negociación del marco bilateral Estado-Generalitat, que es el escenario natural de acuerdo al Estatut para ese tipo de conversaciones.

La posición de CiU era vital para que el Gobierno abortara las pretensiones de la oposición puesto que la Diputación Permanente cuenta con 51 miembros, de los que 24 son socialistas, 19 del PP, y el resto de los grupos tienen dos representantes cada uno. Una negativa del PSOE y de los nacionalistas catalanes, a los que se sumaría casi con seguridad el PNV, permitía derrotar la propuesta del PP.

Pero Iniciativa per Catalunya y Esquerra Republicana, guiadas por otros objetivos, salieron en auxilio de los populares. Ambas formaciones, que comparten grupo parlamentario, presentaron ayer, con el respaldo del Grupo Mixto, una petición para que Rodríguez Zapatero comparezca en el Congreso para explicar «el incumplimiento» del estatuto catalán en materia de financiación, puesto que esa norma establece que debía haber un acuerdo sobre la materia entre el Gobierno y la Generalitat antes del pasado 9 de agosto.

El PP hizo abstracción de su rechazo frontal a la ley de autogobierno catalán -la tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional- y dejó entrever que apoyará la petición de los dos socios menores del tripartito catalán pese a que sus postulados políticos están en las antípodas. La portavoz de los populares en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, subrayó que «lo esencial» no es que salga adelante su propuesta, sino que Rodríguez Zapatero dé explicaciones y ponga «las cartas boca arriba» en el Congreso.

Cambio

CiU, entretanto, también modificó su postura inicial contraria a la idea del PP y señaló que «no se opondrá» a la propuesta de Iniciativa y Esquerra. En palabras del diputado Josep Sánchez-Llibre, «respetará las voluntades de las formaciones catalanas».

Los nacionalistas se sitúan así cerca del voto a favor, aunque siempre podrían jugar la baza de la abstención. Un viraje lógico porque sería de difícil explicación en Cataluña la ruptura del frente común con la Generalitat ante el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. El camino que trace la federación catalana será seguido por el PNV, ajeno a las controversias de la financiación por el régimen foral de Euskadi, pero que suele secundar a sus socios catalanes.

Así las cosas, el PSOE no tiene más remedio que dirigir su mirada hacia el Grupo Mixto, ya que sólo necesita el apoyo de un grupo para vetar la petición de comparecencia de Rodríguez Zapatero. Sus 24 votos más los dos de cualquier otra formación garantizan la mayoría absoluta de 26 en la Diputación Permanente. La portavocía de turno en el Mixto recae en el Bloque Nacionalista Galego, aliado de los socialistas en la Xunta de Galicia, pero con divergencias por la financiación. Su portavoz, Francisco Jorquera, dejó en el aire su postura final, aunque aclaró que firmó la petición de Iniciativa y Esquerra «por cortesía», pero que ese respaldo no presupone el sentido de su voto.

No hay que descartar que el Gobierno opte, al final, por solicitar la presencia de Rodríguez Zapatero en el Congreso antes de encajar la humillación política de una derrota en la votación parlamentaria del 20 de agosto. Ya lo hizo en julio pasado, cuando todos los grupos, con excepción del socialista, exigieron la comparecencia del presidente del Gobierno en la cámara para detallar las medidas contra la crisis económica, y antes de verse forzado a ir a rastras solicitó su comparecencia voluntaria.