Los vecinos rechazan la última oferta de Urbanismo para continuar la legalización

Las negociaciones para conseguir permisos de luz y agua en zonas fuera de planeamiento continúan sin cerrarse. La coordinadora de las asociaciones vecinales, Coave, mantuvo un encuentro con la edil de Urbanismo, Patricia Ybarra, para llegar a un acuerdo sobre el protocolo que otorgará, respetando la legalidad, estos servicios mínimos a las viviendas construidas al margen de la normativa, aunque aún quedan muchos frentes abiertos.

Por un lado, los vecinos consiguieron que la edil eliminara del documento el punto número cinco, que hacía referencia a la catalogación de las parcelas. En concreto, se determinaba que las construcciones a las que se les concedería los permisos no podrían provenir de parcelaciones urbanísticas clandestinas originadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (2002).

La edil de Urbanismo accedió a eliminar esta salvedad, pero mantiene vigente el resto del documento. De esta forma, según el protocolo, se otorgarán permisos a las construcciones sobre las que no sea legalmente posible adoptar medidas de protección de la legalidad y el restablecimiento del orden infringido en el momento de entrada en vigor de la Ley autonómica al respecto.

Además, las viviendas no podrán estar situadas en terrenos con la categoría de especialmente protegidos, y el uso que se dé a la edificación no deberá pertenecer a una actividad molesta para la que no se cuente con licencia de apertura. Finalmente, el protocolo determina que para el establecimiento del servicio y la conducción no deben de efectuarse obras de urbanización, ni debe suponer una mejora del abastecimiento que pueda implicar una revalorización del inmueble.

Responsabilidad política

Desde Coave, su presidente, José Castro, dejó claro que tienen que seguir negociando, ya que la asociación no está de acuerdo con todos los puntos del documento. En resumen, Coave solicita que, al menos se le conceda luz y agua a todas las viviendas de los diseminados en los que se han aprobado proyectos de electrificación y de agua con los correspondientes permisos del Ayuntamiento y de la Junta. Y es que, según Castro, «los vecinos no tienen que pagar la dejación de funciones de los políticos».

Además, el presidente de Coave recalcó que «las construcciones ilegales han proliferado en El Puerto por culpa tanto de los políticos que gobernaban, como los de la oposición que lo permitieron, como de los vecinos», por lo que no entiende «por qué sólo tienen que pagar las consecuencias los vecinos». Finalmente, apuntó que «todos tendrían que unirse para ponerle una solución al problema creado».

En esta búsqueda de un punto de encuentro sobre el protocolo, el próximo 18 de agosto los vecinos mantendrán una reunión con Territorio y Ciudad, empresa encargada de rehacer el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para analizar con detenimiento el documento que tendrá que ser aprobado posteriormente en Pleno antes de ponerse en funcionamiento.