Barra pide una compensación económica para reubicar la Aduana en terreno portuario

El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía (APBC), Rafael Barra, asegura que los funcionarios del Ministerio de Economía que trabajan en la Aduana podrían reubicarse en la pastilla desafectada en la plaza Sevilla para realojar a todas las demás administraciones, «pero eso tendrá un precio». Barra explicó que la APBC tiene obligación de hacerse cargo de las dependencias de la Comandancia de Marina, la Casa del Mar y los otros dos edificios, «porque están en dominio publico portuario, aunque estén fuera de la verja».

Sin embargo, con la Aduana no existe esa obligación, por lo que tendrá que haber una contraprestación económica. El Ayuntamiento de Cádiz es la administración que tiene encomendada buscar un lugar en la ciudad donde realojar a estos funcionarios, dentro del reparto de tareas acordado por las tres administraciones implicadas en el desarrollo de la plaza Sevilla (el Gobierno, a través de Adif; la Junta de Andalucía y el propio Consistorio).

Sin embargo, Barra manifestó que estaría dispuesto a negociar con el Ayuntamiento, aunque recalca que no ha habido conversaciones por el momento.

Hay que recordar también que el terreno donde se levanta la Aduana es de Patrimonio del Estado, por lo que según recuerda Barra «habría que compensarles económicamente», ya que la propietaria de esta pastilla desafectada seguirá siendo la APBC.

En realidad, es a Adif a la que le tienen que salir los números, porque es la responsable de toda esta operación. Adif -que representa los intereses de Renfe- es la propietaria de los terrenos de la plaza Sevilla (excepto de la Aduana) y es la que está dispuesta a iniciar la operación pero sin que le suponga un desembolso.

Dos anteproyectos

Ese dinero, el de la transformación de la plaza Sevilla, debería obtenerse de las plusvalías de lo que se construya allí: el aparcamiento subterráneo que podría tener en torno a 1.600 plazas, el hotel y las zonas comerciales y de oficinas. Lo primero que se hará, lógicamente, es ese estacionamiento subterráneo, que también es una tarea del Consistorio. El Ayuntamiento le planteó a Zona Franca la posibilidad de entrar en la operación, aunque el consorcio aún no ha tomado una decisión, ya que debe «estudiar los números», en palabras del delegado, José de Mier.

Lo que sí están ya hechos son dos anteproyectos de ese aparcamiento, que ya fueron presentados el pasado mes de febrero. En el primero se contempla la construcción de un parking en el subsuelo de 31.000 metros cuadrados, repartidos entre dos plantas y con cerca de 1.100 plazas. Para ello se necesitaría una inversión de 17 millones de euros.

El segundo anteproyecto estaría condicionado a los estudios geotécnicos de la zona. La superficie afectada en este caso sería mayor (47.000 metros cuadrados) y tres plantas. El número de plazas estaría en torno a las 1.600 y la inversión sería de 18 millones de euros. Respecto al papel que desempeñará la Junta de Andalucía, ésta tendrá que encargarse de la construcción de la nueva estación de autobuses.

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