La banda que introducía hachís en avionetas planeaba un alijo de cuatro toneladas de coca

A principios de junio, la Guardia Civil daba a conocer la operación Ládano, que suponía la detención de 12 personas que integraban una organización narcotraficante que tenía como principal característica el uso de avionetas y aviones para introducir cargamentos de hachís desde la vecina Marruecos hasta pistas forestales de Cádiz, Huelva y el sur de Portugal. Este periódico tuvo acceso a las diligencias que instruye el juzgado de Instrucción nº 4 de Huelva y de su lectura se pueden extraer datos alarmantes de una organización, liderada según la investigación policial por un piloto de Iberia y que tenía multitud de conexiones con cárteles sudamericanos y traficantes europeos.

Además, si no se hubiera producido la desmantelación, los narcos iban a utilizar la provincia gaditana como pasillo de entrada de grandes alijos de cocaína. En una de las conversaciones telefónicas grabadas, el piloto de Iberia habla con un individuo venezolano apodado El loco y que aún no ha sido identificado. En ella, el sudamericano le indica a Jesús G. M. cómo podían introducir en España un gran cargamento de cocaína -los agentes sospechan que pesaba entre 3,2 y 4 toneladas- haciendo una escala previa en África. El español le responde que si parten desde Guinea Conakry harían tres vuelos en un mes; mientras que si salían desde Marruecos podían solucionarlo con viajes diarios. Así se recoge del atestado de la Guardia Civil de Huelva en el que se resume una investigación que comenzó en septiembre del año pasado y finalizó en junio.

Esa gran operación iba a ser el salto cualitativo de una organización que estaba dispuesta a adentrarse en el mercado del polvo blanco y abandonar el hachís, que consideraban un negocio «de pobres», como aparece en la mencionada documentación policial. Pero las sospechas suscitadas en torno a los extraños movimientos en un hangar del aeródromo de La Jara, en Gibraleón (Huelva), hizo que el equipo de Policía Judicial de Moguer comenzara a tirar de un hilo que dio muchas sorpresas.

Usuarios amenazados

En esas instalaciones onubenses, la Guardia Civil descubrió que el hangar había sido alquilado por el supuesto lugarteniente del cabecilla, José María R. M. Este individuo se había ayudado de varias personas colombianas para asustar a otros usuarios del aeródromo y conseguir que nadie utilizara el almacén donde se guardan los aviones. Los agentes confirmaron por varios afectados que éstos habían sido víctimas de amenazas, pero nadie quiso denunciarlo. También contaba con la colaboración de Antonio Manuel V. V., supuesto integrante de la banda y que trabajaba de guarda en el citado aeródromo.

Estos traficantes suministraban hachís a dos ramas que a su vez distribuían los estupefacientes por Sevilla y Cádiz. En la provincia sevillana, la Guardia Civil registró en la primera parte de la operación una finca en Brenes, un piso en la céntrica calle Deleite, una casa en Espartinas y una vivienda en la barriada de Palmete.

Salvo el último inmueble, donde residía un matrimonio que ejercía de peones de la banda y el cual se encuentra en una zona humilde de la capital hispalense, el resto eran viviendas de lujo alquiladas que formaban parte de la infraestructura de los narcos. En las diligencias se explica que la finca era utilizada para descargar la droga traída en vehículos desde las pistas forestales, porque estaba guardada de miradas indiscretas de vecinos. La misma utilidad le daban al piso céntrico, donde metían la droga por el garaje del sótano.

En febrero de este año, cuando los agentes supieron que habían cerrado una transacción con unos traficantes franceses, decidieron explotar la primera fase de la operación. En esta intervención se registraron los inmuebles enumerados y fueron detenidas seis personas. Entre ellas dos narcos galos. Sin embargo, cuatro de los seis franceses que habían bajado desde el país vecino para coger la droga y transportarla hasta su destino en vehículos particulares salieron antes de que los agentes comenzaran con la cadena de arrestos. Por eso, sólo pudieron incautarse de 250 kilos de hachís aunque obtuvieron pruebas que posteriormente les servirían para vincularlos con la cúpula de la organización que aún no había caído.

Los detenidos en ese primer momento fueron: Mario D. D., alias Pitufo, quien la Guardia Civil lo considera el hombre de confianza del lugarteniente y el responsable de los escalones inferiores del entramado y que estaba en una posición más delicada al ser la persona que más arriesgaba, pues cerraba los tratos con los distribuidores, de tal manera que si él era apresado, no se le podía relacionar directamente con los cerebros de la banda; y Julián y Francisco Javier P. T., dos hermanos que tenían encomendadas labores de apoyo. Así, el primero era la persona que alquilaba las viviendas; Lazaar S. y Azdine E. H., los dos traficantes galos, y la pareja de Julián, Carmen P. G.

Avión en Muchamiel

La segunda fase llevó a la Guardia Civil hasta la cúpula de la organización y descubrieron que estaban cerrando acuerdos con un cártel venezolano para pasarse al negocio de la cocaína. Para ello, compraron un avión en Muchamiel (Alicante) que iban a poner al servicio de los sudamericanos para introducir un primer cargamento de cuatro toneladas. De nuevo, los agentes decidieron entrar en acción y cayeron las restantes seis piezas: el piloto de Iberia y su lugarteniente, con domicilio en Chiclana y Jerez, el asesor fiscal detenido en Arcos y que supuestamente se dedicaba a la limpieza de las ganancias, el empleado del aeródromo onubense y su hermano José Luis, y un piloto colombiano conocido por su implicación en el tráfico internacional (Santiago Luis F. R.).

La investigación se basa sobre todo en la información obtenida por las intervenciones telefónicas, ya que la droga aprehendida a lo largo de la operación es escasa. Aunque sí han requisado un importante arsenal en armas y dinero en metálico en abundancia, se trata de un caso cuyo éxito judicial depende de la validez de los pinchazos telefónicos. Es decir, que si las defensas obtienen anulaciones, como existen precedentes muy conocidos en la provincia, el trabajo policial quedaría muy debilitado. Por ahora, los doce detenidos se encuentran en libertad con cargos y en las diligencias se citan nombres de traficantes que no han sido arrestados.

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