De mal en peor

En política, las cosas son siempre como parecen. Y si los agentes sociales -empresarios y sindicatos- rechazan mayoritariamente la actitud del Gobierno en esta crisis y piensan que la mala situación se prolongará más de lo que afirman el presidente y el vicepresidente económico, habrá que llegar a la conclusión de que el Gobierno se ha equivocado. Ha errado en el diagnóstico y no está teniendo fortuna en el desempeño de su papel de pilotaje de la crisis mediante estrategias que minoren en lo posible los daños, tranquilicen a la opinión pública y generen expectativas favorables dentro de lo que cabe. Así se desprende de las últimas encuestas.

Es manifiesto que nuestra crisis económica tiene dos ingredientes esenciales: uno externo, generado por las turbulencias de los mercados financieros tras el escándalo norteamericano de las hipotecas basura y atizado por las subidas desaforadas y complejas de los alimentos y del petróleo; y otro interno, consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria, que todos -aun los no expertos en economía- veíamos venir antes o después por la sencilla razón de que los ritmos de construcción de viviendas y de encarecimiento de los precios eran simplemente insostenibles.

Pues bien: nadie podía prever aquella conflictividad económica internacional, pero es francamente irritante que quienes gestionaron la evolución del sector inmobiliario en España -Rato y Solbes- miren ahora hacia el techo cuando se les hace ver que esta catástrofe y la mala coyuntura exterior se alimentan recíprocamente. Nuestra crisis, semejante a la irlandesa, es una combinación de fatalidad y de culposo dejar hacer en un terreno, el inmobiliario, en el que la quemazón tras el recalentamiento conduce en todas partes a la recesión.

Es humanamente comprensible que el Gobierno tratara de minorar la apariencia amenazante de la crisis en vísperas del 9-M, del mismo modo que la principal fuerza opositora trataba de exagerarla.

Pero es indiscutible que no se ha hilado fino en la conducción del problema. Cierto que Zapatero y Solbes tienen la obligación del optimismo (una palabra pesimista hundiría las bolsas) pero en esto estriba la habilidad del político: en acompañar amorosamente las preocupaciones colectivas, aún aquellas que no tengan arreglo desde dentro, transmitiendo la sensación de desde el ámbito público se entiende y se ampara la inquietud social, suma de las inquietudes individuales.

En cambio, la impresión de que se minimiza el problema -cuando muchos ciudadanos lo sienten en carne propia-, de que se confía en exceso en las propias fuerzas, de que por esta causa se regatean medidas que sería posible adoptar, genera irritación y merma la confianza.

Este Gobierno tiene desde hace tiempo un problema de comunicación, que ahora se acentúa con la crisis. No se transmite cabalmente la preocupación gubernamental, ni los afanes por atacar los problemas concretos. Aunque quizá la mejor manera de demostrar al país que hay inquietud y que se está trabajando sería que todo el equipo económico del Ejecutivo siguiera trabajando en agosto al pie del cañón, sin ánimo ni tiempo para tomarse vacaciones.