El Constitucional quiere resolver para el 15 de septiembre la consulta de Ibarretxe Urkullu acusa a Zapatero de paralizar Euskadi

Los magistrados del Tribunal Constitucional pretenden resolver los recursos de inconstitucionalidad contra la ley vasca de consulta para el próximo 15 de septiembre, fecha en la que el 'lehendakari' Juan José Ibarretxe tiene previsto convocar su referendo, con la intención de celebrarlo el 25 de octubre siguiente, según confirmaron fuentes jurídicas.

El Constitucional quiere satisfacer al Ejecutivo vasco, al Gobierno central y al PP en lo único que hasta el momento se han puesto de acuerdo demandantes y demandados: la conveniencia de que la corte dicte sentencia y deje zanjado el asunto antes de que, entre el 15 y el 18 de septiembre, comiencen a correr los plazos que la propia ley establece para la realización de la consulta: convocatoria, petición de voto por correo y constitución de junta electoral, entre otros.

Todos los implicados en el proceso coinciden en que no es conveniente que se llegue a esos días con la ley aprobada el 27 de junio por el Parlamento vasco suspendida por una simple medida cautelar, la adoptada el 17 de julio por el Constitucional, en el acto de admisión a trámite de los recursos, a petición del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Si para esas fechas hay sentencia, no sólo apuntalaría la seguridad jurídica de todas las partes sino que también evitaría posibles tensiones o choques institucionales.

La mayor parte de los magistrados del tribunal iniciaron ayer su período de vacaciones, pero dejaron ya apalabradas las medidas para intentar cumplir con el objetivo. La opción más probable es que a lo largo del mes de agosto, que fue declarado hábil para acelerar la tramitación de los recursos, queden solventados los trámites de alegaciones y escritos de contestación, y que en la segunda semana de septiembre los magistrados ponentes lleven al pleno sendas propuestas de resolución, para su deliberación y fallo.

Las fases diseñadas por el tribunal comenzaron a cumplirse ayer. Los representantes del Gobierno vasco y del Parlamento de Vitoria entregaron sus escritos de alegaciones contra las demandas planteadas por el Ejecutivo central y el PP sin agotar el plazo de 15 días dado por el pleno. En los próximos días harán lo propio el Congreso de los Diputados y el Senado, órganos también afectados por la materia recurrida.

Concluida esta fase, la sala de vacaciones del tribunal se reunirá con el fin de dar un nuevo plazo a los recurrentes para que digan lo que crean conveniente sobre las alegaciones. Es el último trámite antes de que los ponentes de ambos recursos, los magistrados Guillermo Jiménez y Pablo Pérez Tremps puedan comenzar a elaborar las propuestas de resolución. Las alegaciones presentadas por el Gobierno vasco abundan en los puntos ya destacados hace días por la 'vicelehendakari' Idoia Zenarruzabeitia en rueda de prensa. También reclaman al tribunal el levantamiento inmediato de la suspensión cautelar de la ley autonómica y, en cualquier caso, insisten en que resuelva los recursos antes del 15 de septiembre.

Casi una encuesta

Los escritos, de 71 folios el referido a la denuncia del Gobierno y de 65 el motivado por el recurso del PP, rechazan por erróneas y en algún caso «malintencionadas» las principales acusaciones de los demandantes. El Ejecutivo de Juan José Ibarretxe asegura que su consulta «no es un referéndum» y que por lo tanto no ataca competencias del Estado ni requiere de una autorización expresa. Considera que es una mera consulta, sin valor jurídico alguno, que pretende recabar «el estado de opinión» de los ciudadanos sobre temas importantes en el debate social. Entiende que prohibir la posibilidad de que una comunidad autónoma consulte a sus ciudadanos «menoscaba y choca» con el modelo constitucional de organización territorial y la autonomía de Euskadi.

El Ejecutivo de Vitoria dice que en la ley «no hay ataque a la soberanía nacional» porque «no es una consulta sobre el derecho de autodeterminación» ni se le pide a nadie «permiso para alterar el orden constitucional». Iñigo Urkullu acusó ayer a José Luis Rodríguez Zapatero de condenar al País Vasco «a la parálisis, la conflictividad perpetua y la resignación» para lograr colocar «un 'lehendakari' domesticado» en Ajuria Enea. El presidente del PNV defendió la consulta planteada por Juan José Ibarretxe como vía para aumentar el autogobierno, una aspiración que vinculó a la crisis económica porque con más poder autónomo, sostuvo, habrá mayor desarrollo económico y social.

«Ahora que vienen mal dadas, necesitamos ser menos dependientes de España, necesitamos tener en nuestras manos los instrumentos necesarios para hacer frente a la crisis», dijo Urkullu en un acto de homenaje al fundador del PNV, Sabino Arana, con motivo de la festividad de San Ignacio, patrón de Vizcaya y Guipúzcoa. El dirigente nacionalista se quejó de que para el presidente del Gobierno «todo vale» con tal de lograr que el líder del PSE, Patxi López, sea el próximo 'lehendakari' y arrebatar al PNV la «centralidad». «Quieren el trofeo de una Ajuria Enea no 'abertzale'», añadió. «El mapa del Estado quedaría así dividido en sólo dos colores: el rojo socialista y el azul popular. Quieren quitar el verde de Euskadi. Les molesta la diferencia, que les recuerda que ese Estado monolítico y centralista que querrían no es posible».

El presidente del PNV apostó «por el desarrollo de un ámbito jurídico-político que abarque a todos los vascos y contenga el respeto efectivo a su ser nacional y a la realidad histórica, cultural y lingüística» de Euskadi.