La Audiencia pospone el embargo del piso de De Juana

La Audiencia Nacional no acordará por el momento el embargo preventivo de la casa de San Sebastián en la que vivirá a partir del próximo sábado el ex jefe del 'comando Madrid' de ETA Iñaki de Juana Chaos, una vez que abandone la cárcel de Aranjuez. El tribunal comunicó ayer a la Fiscalía que realiza una investigación sobre el patrimonio del terrorista para saber si tiene a su nombre algún bien que pueda destinarse al pago de los ocho millones de euros que debe a las víctimas de sus 25 asesinatos.

Hasta que concluya la averiguación no decidirá si autoriza o no las diligencias que con urgencia le pidió el 16 de julio el Ministerio Público, entre las que está el embargo de la casa a nombre de la mujer del etarra, Irati Aranzabal. El responsable de la investigación es la Sección Primera de la Sala de lo Penal, en favor de quien se han inhibido el resto de las secciones de la Audiencia Nacional, todas ellas con piezas de responsabilidad civil abiertas para satisfacer las indemnizaciones que De Juana debe por las sentencias que le condenaron a más de 3.000 años de cárcel. Los magistrados aclaran a la Fiscalía que la investigación en curso se hace a petición de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que la solicitó a la sala días antes que el Ministerio Público.

Fuentes conocedoras de la investigación no descartan que la indagación concluya que De Juana no tiene una sola propiedad, bien o derecho a su nombre, más allá de lo que puedan generar sus derechos de autor, por lo que las cantidades a embargar serían ínfimas. Tampoco descartan que, en este caso, se comunique a las acusaciones -Fiscalía y AVT- que el tribunal no tiene competencia para realizar más diligencias. Si es así, la investigación impulsada por la Fiscalía para aclarar si la compra del piso por Aranzabal en 2007 a la familia de De Juana es una operación fraudulenta para poner a salvo el patrimonio del etarra habría que dirigirla a un juzgado ordinario de San Sebastián. Sería al juzgado natural al que habría que pedirle que investigue el presunto alzamiento de bienes y al que solicitarle de forma preventiva el embargo de la casa para impedir su venta durante la instrucción del caso.