Acuerdo y desacuerdo
El encuentro entre el presidente Rodríguez Zapatero y el líder del PP Mariano Rajoy inauguró ayer un nuevo tiempo en las relaciones entre el gobierno y el primer partido de la oposición. Lo que convertía en singular la cita era la extrema confrontación política vivida en nuestro país durante la pasada legislatura, y también en las anteriores. Por ello, los acuerdos alcanzados en materia de Justicia y en la política anti-terrorista no deberían considerarse mérito de los interlocutores, puesto que lo que resultaba insostenible era la perpetuación del enfrentamiento en medio del deterioro de los órganos del poder judicial o ante la evidencia de que ETA no está dispuesta a dialogar más que para imponerse a la sociedad democrática. Es de esperar que la renovación del CGPJ y la designación de quienes ocupen las cinco vacantes en el TC permita superar tanto su compartimentación en corrientes enfrentadas como la proyección hacia el poder judicial de divisiones propias del legislativo. Pero la negociación partidaria de dichos nombramientos hace temer que la renovación de ambos órganos quede nuevamente marcada por intereses políticos. Por su parte, la declaración sin rúbrica que consigna las coincidencias entre Gobierno y PP en materia anti-terrorista no sólo constituía un compromiso ineludible para ambas partes, y en particular para Rodríguez Zapatero; ofrece además la virtualidad de que su contenido sintoniza con las asociaciones de víctimas y puede hacerlo también con las demás fuerzas parlamentarias.
Actualizado: GuardarLa nota negativa de la reunión estuvo en el inexplicable desacuerdo en materia económica. Lo preocupante no es que Zapatero y Rajoy discrepen en ese punto. Lo verdaderamente preocupante es que actúan como si hubiesen decidido centrar el enfrentamiento partidario precisamente en el tema que hoy más preocupa a los españoles. Las diferencias que ayer quiso subrayar el Presidente daban por supuesto la existencia de dos modelos ideológicamente enfrentados ante la crisis. Una interpretación tan forzada nada tiene que ver ni con los planteamientos expuestos por cada cual ni con la percepción que la ciudadanía puede tener de ellos. Que existan diferencias de política económica es lógico e incluso conveniente en la dialéctica política y parlamentaria. Que a estas alturas, en vísperas del anunciado diálogo social, se expresen con trazo grueso resulta, sencillamente, inadmisible. La política social que ha de salvaguardarse es aquella que afecta a los servicios universalizados como derecho y a las necesidades de los sectores de la sociedad que se encuentran más desvalidos. Por eso el presidente Rodríguez Zapatero debería distinguir entre sus promesas electorales y aquellas políticas que forman parte sustantiva de nuestro Estado del bienestar, las cuales no parecen relegadas de la propuesta popular. Probablemente deban ser los agentes sociales, empresarios y sindicatos, quienes disuadan al Gobierno y al PP de enzarzarse en un enfrentamiento tan contraproducente ante la crisis.
