Acatar la realidad

as declaraciones de Miren Azkarate, consejera de Cultura y portavoz del Gobierno Ibarretxe, acusando al presidente Rodríguez Zapatero de imponer «un veto político y no jurídico» a la iniciativa de la consulta revelan la peculiar concepción que el lehendakari y su Ejecutivo tienen de la legalidad, así como su indisposición a aceptar que ningún proyecto de la envergadura del ideado por el nacionalismo vasco puede abrirse paso ahondando en el desacuerdo. Los artífices de la consulta han pretendido fundamentar la legalidad de ésta en el artículo 9.2.c. del Estatuto, apartado que establece que «los poderes públicos vascos, en el ámbito de su competencia, facilitarán la participación de todos los ciudadanos en la vida política». Una cita legal sobre la que resulta imposible sostener la convocatoria de una consulta pretendidamente vinculante, pero cuyo sentido y contenido violenta gravemente el armazón constitucional y estatutario vigente. Pero además la radical discrepancia que PSOE y PP mantienen frente a los intentos de Ibarretxe por impulsar la vía soberanista constituye un dato ineludible en Euskadi y en España. En Euskadi porque todo intento de actualizar el autogobierno que orille a las formaciones no-nacionalistas que han venido secundando la autonomía estatutaria se convierte automáticamente en un proyecto de desbordamiento de los cauces de la convivencia. En España porque la modificación de esa autonomía estatutaria tiene procedimientos tasados que pasan también por la anuencia de la mayoría del Congreso de los Diputados. Junto a la incapacidad mostrada por el Gobierno vasco para admitir la inviabilidad de su consulta resultan preocupantes las insinuaciones en boca de dirigentes nacionalistas advirtiendo de que no se quedarán de brazos cruzados o que responderán a la suspensión judicial de la consulta. PNV, EA e Izquierda Unida o Aralar incurrirían en un acto de suma gravedad política si intentan sortear una sentencia del Constitucional organizando, aunque sea a través de la recogida de firmas, un sucedáneo que deslegitime la resolución del TC. Cuanta mayor radicalidad añada a sus posiciones el Gobierno vasco más facilidades estará dando a ETA para que la banda terrorista convierta la inviabilidad de la consulta en argumento favorable al uso de la violencia.