Confianza quebrada
Las investigaciones contra la trama de corrupción destapada en Estepona han puesto en peligro la gobernabilidad del municipio malagueño, después de que casi un tercio de sus 25 corporativos -el ex alcalde Antonio Barrientos y seis concejales- hayan sido imputados por la presunta comisión de delitos que van de la malversación de caudales públicos al blanqueo de dinero pasando por la prevaricación y el cohecho. La expulsión por parte del PSOE de los ediles arrestados y la posterior dimisión de Barrientos permitieron distinguir la asunción de responsabilidades políticas ante la grave crisis abierta en el Ayuntamiento de la legítima reivindicación de la presunción de inocencia. Pero la negativa a abandonar sus puestos de los cuatro ediles socialistas involucrados, una vez han quedado en libertad con fianza, introduce un nuevo factor de desestabilización en el Consistorio cuyas consecuencias superan este episodio concreto, al confrontar los derechos legales de los imputados y la posesión de sus escaños con la necesaria regeneración de una institución bajo sospecha.
Actualizado: GuardarLa envergadura de las investigaciones no prejuzga el resultado final de la instrucción. Pero los acusados deberían renunciar a escudarse tras unos cargos que pertenecen en último extremo a los electores, que difícilmente pueden mantener la identificación con parte de sus representantes cuando éstos han sido detenidos y la juez encargada del proceso apunta la existencia de una estructura que se amparaba en el Ayuntamiento a fin de obtener financiación para los partidos que lo dirigen. La posibilidad de disolver la Corporación contemplada en la Ley de Bases del Régimen Local constituye en todo caso una iniciativa tan excepcional que sólo debe recurrirse a ella cuando quede acreditada la definitiva quiebra de la gobernabilidad, cuya garantía exige de un nítido compromiso por parte de los partidos concernidos.
