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Antídotos contra la crisis

Aatónito, bloqueado, impactado. Ese es mi estado una vez he digerido las últimas noticias. He decidido encerrarme en mi casa a cal y canto, he atrancado la puerta y enjaulado la radio y la televisión. No quiero que el Estado se cuele por alguna de ellas y organice todavía más mi vida y menos que me administre como persona. Los ministros de Industria e Igualdad firman un convenio para «buscar» 600.000 mujeres empresarias. Han decidido cazarlas con lazo, porque el PIB crecería 80.000 millones de euros y a lo mejor se «arregla la economía». Aquí no se sientan las bases para que efectivamente hombres y mujeres accedan al empresariado, fomentando lo que con seguridad es una de las «profesiones» más nobles y sacrificadas, donde el esfuerzo, la pericia y el riesgo exigen darlo todo y en todo momento. Se precisa reconocimiento social y respeto de la clase política. Los mejores incentivos se encuentran sin duda en la legislación, que debe alejarse del engorro de la excesiva burocracia, una fiscalidad y demás cargas sociales ajustadas y que permitan competir en los mercados. Eso sí que son auténticos incentivos para que hombres y mujeres libremente opten por ser empresarios. Sólo un dato, el convenio ahora firmado entre ministerios para fomentar el empresariado femenino consiste en la concesión de microcréditos en situaciones más ventajosas que las ordinarias de mercado. Ya viene operando en nuestro país desde 2001, habiendo sido concedidos 750. Es decir, con esta proporción y no existen cambios en las circunstancias que modifiquen el supuesto de hecho, necesitaríamos 5.600 años para el pretendido ajuste por la igualdad, para equilibrar el número de empresarios y empresarias.

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La segunda noticia producto de mi bloqueo es la respuesta que un alto cargo sindical andaluz dio al presidente de la Junta ante un encuentro con responsables de ese sindicato. El dirigente sindical considera que se da una situación de «crisis», pero de «confianza». Y no contento con eso, espetó al presidente de la Junta para que «ésta genere confianza en las empresas a través de incentivos que les permitan obtener liquidez». Pero, no contento todavía, sugirió que «la Junta debería contar con algo así como un 061 empresarial que acuda diligentemente en auxilio de firmas que sufran situaciones críticas». Cada vez que rememoro la «conmovedora forma de ver el mundo» por estos, paso del estado de «shock» al de aturdimiento. Pero entro en trance, cuando leo que la Patronal Andaluza sintetiza la situación de crisis económica que padecemos en Andalucía, apuntando «la necesidad de adoptar una serie de medidas que reactiven nuestros sectores estratégicos». Creo que los dirigentes empresariales andaluces, que no los empresarios, se han quedado definitivamente sin sangre en las venas y con la boca cerrada, no se si porque no tienen nada que decir o si su especial consideración de «más representativo» les impide posicionarse y hacerse oír con propuestas y exigencias que posibiliten de una vez y para siempre el despegue económico de Andalucía. Esa especial consideración de «más representativo» que lo hace necesario para la concertación y el diálogo social, supone una especial financiación pública de su estructura a todos los niveles, de ahí la responsabilidad que asumen con toda la sociedad y no sólo con sus representados. Lo mismo ocurre con los sindicatos más representativos, a los que tampoco se les escucha presentando propuestas reales y eficaces que saquen a Andalucía de la situación de penuria que padece de forma endémica.

La situación de «shock» en la que me encuentro sube de tono con la propuesta de la diputada ecuatoriana que pretende otorgar rango constitucional al derecho de la mujer al orgasmo en el ámbito familiar. Desde luego, el problema de momento es de los ecuatorianos, cuya estructura política actual descansa en el populismo más enfervorecido. Lo malo de todo esto y ello si que nos puede afectar son las malas compañías internacionales que mostramos a todo el mundo sin ningún tipo de rubor. Bolivia, Nicaragua, Venezuela... ahora Ecuador. Viene a mi memoria el «suculento» contrato suscrito en los comienzos de la anterior legislatura con Venezuela para la construcción de embarcaciones militares y aviones. Contrato aireado a los cuatro puntos cardinales por el Gobierno español a pesar del comportamiento de ese país con nuestros empresarios allí presentes. Lo peor de todo esto pudiera ser que la Junta de Andalucía, en su intento «desesperado» de búsqueda de empresas para su ubicación en la zona de la Bahía, decida la construcción de una gran fábrica de prótesis masculinas con vistas al mercado Iberoamericano ante la avalancha de la demanda que se avecina para satisfacción de las féminas sudamericanas... Así es que los ministerios pretenden «fabricar empresarias» como sea y las consejerías, como sea también, deciden la «fabricación de empresas» para su instalación en la zona... Dejen que las cosas fluyan, el mercado asigne adecuadamente todos los recursos, y sólo de esa forma las empresas que se instalen se asentarán sólidamente en nuestro entorno.

A colación con el sector público andaluz, las Empresas Públicas Andaluzas y la Administración Autonómica, dibujan una situación poco edificante. Este representa el 50% de la economía andaluza. Además, el peso del sector público en el valor añadido bruto de Andalucía es del 21% frente al 12% de media en el resto de las Comunidades Autónomas. Las subvenciones a la explotación de las empresas públicas superarán con creces este año los 1.000 millones de euro. En la actualidad son 117 el número de empresas públicas en Andalucía, de las que 55 son participadas mayoritariamente por la Junta. Más de 20.000 personas trabajan en ellas, cuyas plantillas han sido incrementadas en cerca de 5.000 trabajadores en los últimos cuatro años. Mayor despropósito no cabe. Si había que huir del espíritu y esquema de funcionamiento del antiguo INI, la Junta no sólo no se ha apartado de ese camino sino que lo ha superado con creces. Además y esto es lo más preocupante, sindicatos y organizaciones patronales más representativas plantean como único antídoto contra la crisis ayudas y subvenciones, es decir, más de lo mismo, en lugar de una «revolución» en el marco jurídico económico.